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Espionaje ilegal: La Corte juega en tándem con Macri y Comodoro Py | Confirmó el procesamiento de Arribas, pero causa no volverá a los tribunales de Lomas de Zamora



Pese a no estar con su elenco estable, la Corte Suprema le dio un espaldarazo a Comodoro Py al confirmar que es allí donde debe investigarse una trama importante del espionaje durante el gobierno de Cambiemos, justamente como pretendían Mauricio Macri, exjerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y espías. La resolución fue firmada por conjueces porque, como denunció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a principios de año, los integrantes del máximo tribunal sugestivamente empezaron a excusarse para no intervenir en este expediente que involucra a buena parte de los referentes del sistema político argentino.

Los jueces Juan Carlos Bonzón, Mario Leal, Ramón González, Guillermo Antelo y Javier Leal de Ibarra convalidaron la decisión de los casadores Mariano Borinsky y Javier Carbajo de sacar las causas de espionaje de Lomas de Zamora y mandarlas a los tribunales de Retiro. Además, ratificaron que Borinsky y Gustavo Hornos podrán seguir entendiendo en esos expedientes, pese a que los querellantes buscaron apartarlos, entre otras cosas, por las visitas a Macri –que, días atrás, un fiscal sostuvo que investigarlas sería esmerilar la dignidad del Poder Judicial.

La decisión fue adoptada por camaristas federales que actuaron como conjueces porque no quedó un único miembro de la Corte que quisiera intervenir en esta causa. El vacío fue advertido en febrero pasado por CFK, quien denunció que desde noviembre del año pasado uno a uno de los supremos empezaron a excusarse para no tratar el tema que ya –para entonces– llevaba varios meses en la Corte.

En los casos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti alegaron razones de delicadeza y decoro. Más allá de trascendidos, no se saben cuáles son las causas concretas para que los tres ministros se corrieran del análisis de la causa.

Carlos Rosenkrantz, por su parte, está en una situación distinta porque en varios expedientes surgió que él podría haber sido víctima del accionar ilegal de los servicios de inteligencia durante el macrismo –pese a ser el supremo que mantenía mayor sintonía con ese gobierno. En Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla procesó a un prefecto porque husmeaba en los registros migratorios de Rosenkrantz y de su exsocio Gabriel Bouzat. En Lomas de Zamora, se encontraron, entre los registros de los espías Súper Mario Bros, fotos de una persona que sería Rosenkrantz –camuflada con gorra y anteojos– mientras estaba reunida con el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Rosenkrantz y el abogado prófugo son amigos hace décadas, tanto que el actual vicepresidente de la Corte debió declarar por las 59 llamadas que intercambió con “Pepín” ante la jueza María Servini.

El pase a Py

Desde el macrismo siempre insistieron con llevar todas las investigaciones de espionaje a Comodoro Py, un terreno en el que juegan de locales. Tanto las causas que tramitaron en Dolores como las de Lomas de Zamora ya están allí. Solo escapa de esa lógica el expediente sobre la llamada “Gestapo” antisindical que sigue, al menos por el momento, en manos del juez Ernesto Kreplak en La Plata. Este jueves, el camarista Martín Irurzun anuló una resolución del juez Daniel Rafecas que rechazaba un pedido para reclamarle la causa a Kreplak. Lo probable es que Rafecas insista en la misma línea y sume más fundamentos. Lo curioso fue que interviniera Irurzun, que está excusado en varios expedientes vinculados al espionaje por haber sido presuntamente víctima también.

La primera causa en migrar hacia Retiro fue la que versaba sobre las andanzas de los espías conocidos como Súper Mario Bros. Eran, en su mayoría, policías de la Ciudad que pasaron en comisión a la AFI e hicieron tareas de inteligencia ilegal sobre CFK, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Graciela Camaño y la hermana menor del entonces presidente, Florencia Macri. En el arrastre también viajó el expediente sobre la vigilancia a CFK en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay, que estaba también a cargo del juez Juan Pablo Augé y de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

La Cámara de Casación le terminó sacando la investigación a Augé diciendo que, como la AFI tenía sede en Ciudad de Buenos Aires, el accionar de sus espías debía investigarse en esa jurisdicción. Lo hizo ante un planteo de Darío Nieto, el secretario privado de Macri que estaba siendo investigado por haber recibido  supuestamente –a través de la funcionaria Susana Martinengo— los informes que producían los Súper Mario Bros.

La decisión fue adoptada por la mayoría conformada por Borinsky y Carbajo. La tercera integrante de la Sala IV de Casación, Ángela Ledesma, denunció que esa Sala no debía intervenir sino la I, que fue la primera en recibir recursos sobre ese expediente, y sostuvo que no se le había dado correcto tratamiento a las recusaciones que las partes habían presentado. En particular, el apuntado era Borinsky porque figuraba en el teléfono de Nieto –por lo que se podía presumir que tenía vínculo con ese imputado– y porque estaba emparentado con el primer abogado que defendió a Juan Sebastián De Stefano, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI.

Con la decisión de los conjueces, Borinsky, Carbajo y Hornos estarían ahora en condiciones de revisar los recursos que presentaron las querellas contra el fallo de la Cámara Federal de diciembre pasado en el que convalidó la teoría de que los espías no respondían a órdenes de sus superiores sino que actuaban por su propia cuenta.

El espionaje al Patria

No todas fueron buenas noticias para el macrismo. Los conjueces también rechazaron un planteo que había hecho el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas contra el procesamiento que le dictó el juez Augé por mandar a espiar a CFK en el Instituto Patria y en su departamento de las calles Juncal y Uruguay. En esa causa también están procesados la conducción, el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz. Si así lo requiere el fiscal que ahora entiende en el expediente, Franco Picardi, ese tramo –muy reducido del espionaje macrista– ya podría seguir su camino hacia el juicio oral.

En agosto de 2018, un auto de la exSIDE fue detectado mientras montaba guardia afuera del Instituto Patria. Se trataba del mismo Volkswagen Voyage que meses antes había sido fotografiado mientras perseguía a trabajadores del Hospital Posadas. Los ocupantes del coche entraron en pánico y salieron en “U” para evitar ser demorados. Después, ante la justicia y ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, los jerarcas de la AFI macrista dijeron que, en realidad, estaban haciendo tareas de investigación para el juzgado de Lomas de Zamora –a cargo de Federico Villena–, donde tramitaba una causa por posibles amenazas en las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y G20. Para Augé –que investigó el episodio tras una denuncia de la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño— no fue más que una excusa para cubrir su accionar delictivo.



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