El dirigente social Juan Grabois, querellante en la causa que investiga el accionar de la organización de ultraderecha Revolución Federal, pidió que el juez Marcelo Martínez de Giorgi cite a declarar a Brenda Uliarte, procesada por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que vinculara a su ex novio y coautor por la tentativa de homicidio Fernando Sabag Montiel y la organización violenta. En paralelo, la Cámara Federal rechazó un pedido de prisión domiciliaria para Nicolás Carrizo, el tercer imputado como participe necesario en el intento de magnicidio.
El requerimiento de Grabois fue presentado por su abogado Yamil Castro Bianchi ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, que prepara el juicio oral contra Uriarte, Sabag Montiel y Carrizo, y la semana pasada recibió un escrito por parte de la ex novia del autor material del intento de homicidio contra la vicepresidenta en la que sostenía que Revolución Federal recibía financiamiento para realizar manifestaciones.
Además, la querella de Grabois volvió a pedir que se unifique la causa que lleva adelante Martínez De Giorgi con la investigación que aún mantiene abierta la jueza María Eugenia Capuchetti -quien elevó a juicio solo una parte de la investigación en la que se señala a los tres imputados como un grupo que actuó en soledad- y contiene la denominada «pista Milman», que involucra al diputado del PRO y ex jefe de campaña de Patricia Bullrich Gerardo Milman.
«Yo nunca vi a Milman pero decían que les pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner», sostuvo Uliarte en su escrito.
Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la resolución del TOF 6 que había rechazado el pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, procesado como partícipe necesario en el intento de magnicidio. La decisión fue votada por unanimidad por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, en una resolución de once páginas.
La sala II del máximo tribunal penal rechazó el planteo presentado por el abogado Gastón Marano –defensor de Carrizo y ex asesor de Juntos por el Cambio en el Senado— y confirmó la decisión del tribunal oral, que había entendido que aún «existen respecto de Carrizo peligros concretos de fuga y entorpecimiento de la investigación».
El pedido de Grabois para citar a Uliarte y unificar las causas
El abogado de Grabois sostuvo en su escrito para argumentar el llamado a declarar a Uliarte que en su presentación ante el TOF 6 “refirió que si bien a Sabag Montiel (quien gatilló en la cabeza de la Vicepresidenta) nadie lo financió, si sabía que a organizaciones como Revolución Federal las financiaban. También se esbozó como parte del relato la figura del diputado (de Juntos por el Cambio, Gerardo) Milman”.
Respecto de pedido de unificar las causas, la querella insistió: “No escapará a vuestra fina percepción que la posición de esta querella es que ambas causas debieron haberse investigado de manera conjunta debido a las ya innegables conexiones que existen entre el grupo ´Revolución Federal´ y quienes intentaron asesinar a la vicepresidente. Dicho esto y teniendo en cuenta que la Cámara Federal de Apelaciones definió lo contrario las expresiones de la Sra. Uliarte son de especial interés para estas actuaciones”.
Martínez de Giorgi, por su parte, ya le pidió al TOF 6 que le remita copia de la declaración que presentó esta semana Uliarte, por escrito, según pudo constatar Télam de fuentes judiciales.
El martes último, Uliarte, detenida por el intento de asesinato de la vicepresidenta, también señaló en su escrito: «Yo no sé por qué Nando (su novio detenido, Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás» y, en ese tramo, vinculó a Milman.
«A ver, yo no digo que financiaron el atentado pero sí financiaban para agitar y armar quilombo. Y Carrizo sabe todo eso, pero él va a cubrir a Nando, porque no quiere tener quilombos con los de arriba, saben que hay pesos pesados», agregó la imputada.
Carrizo seguirá detenido en la cárcel
La defensa de Carrizo había reclamado que se le permitiera acceder al beneficio de la prisión domiciliaria tras asegurar que tenía acreditado el arraigo y que desde el inicio de la investigación había prestado colaboración. «En lo que hace al peligro de fuga, se debe poner de resalto los graves hechos por los cuáles Carrizo está requerido a juicio, la complejidad de la causa, la sanción en expectativa con la que se conmina el delito y la imposibilidad, en su caso, de condenación condicional», sostuvo el juez Yacobucci al rechazar el planteo.
«Desde otra arista, respecto a los indicadores de entorpecimiento en la investigación, corresponde remarcar la reciente llegada de las actuaciones al tribunal de juicio, lo que conlleva la necesidad de proteger las pruebas ya receptadas y, a su vez, las que resta proveer y/o producir», continuó.
Yacobucci entendió además que «la consideración funcional de la restricción de la libertad intra muros del encausado se muestra idónea y, por el momento, necesaria desde la perspectiva de la razonabilidad para poder asegurar la realización del debate oral y público».
La jueza Ledesma, por su parte, agregó «que los indicadores de riesgo procesal ponderados por el tribunal, especialmente los vinculados con las dudas sobre su arraigo y su conducta en relación al ocultamiento de elementos de prueba -extremo que se desprende de una conversación obtenida de su teléfono celular-, constituyen elementos objetivos de trascendencia para evaluar los riesgos procesales y, de momento, no resultan susceptibles de neutralizar con una medida morigerada como la solicitada por el impugnante».
Para reclamar su prisión domiciliaria, Marano había subrayado que el imputado contaba con «una fuerte vinculación familiar, pareja, un hermano con discapacidad y dos hijos». También invocó la carencia de medios económicos para fugarse en tanto «ganaba hace un año unos 70 mil pesos en un buen mes».
Carrizo se encuentra detenido desde el 14 de septiembre del 2022 y está a disposición del TOF 6, que es el tribunal que deberá llevar a cabo el juicio por el intento de homicidio de la vicepresidenta.
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