noviembre 13, 2024

Juicio por expropiación de YPF: el nuevo gobierno pide extender el plazo | Para presentar la apelación y suspender la garantía que evita el embargos de bienes



La recién conformada Procuraduría del Tesoro de la Nación, que defiende a la República en los litigios internacionales, solicitó a Loretta Preska, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que lleva la causa por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012, extender 90 días el tiempo que tiene el país para depositar una garantía y evitar embargos. También pidieron posponer 30 días la fecha para presentar los documentos de apelación del juicio. Las fechas originales dispuestas por la justicia estadounidense eran el 10 y 30 de enero, respectivamente. 

«La nueva administración argentina necesita ponerse al día sobre las cuestiones del recurso, comentar el escrito de apertura e instar a los abogados. Debido a la necesidad de esta prórroga, la República no puede cumplir la condición de este Tribunal (de presentar los documentos para apelar) antes del 30 de enero de 2024», asegura el escrito que le fue enviado hoy a la jueza Loretta Preska.

El juicio tiene una sentencia en primera instancia en contra de la República Argentina, pero se encuentra en proceso de apelación. Argentina primero (por el resultado desfavorable para el país), y los demandantes (porque YPF quedó eximida de responsabilidad en la primera sentencia, y quieren acusarla) e YPF después (para defenderse), notificaron formalmente su intención de apelar. El calendario original para presentar los escritos con los argumentos de la apelación, que el nuevo gobierno quiere retrasar hasta el 22 de febrero, es el 23 de enero.

Mientras se espera una sentencia firme para el fallo que obliga a la República a pagar 16.100 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital por la forma en que se nacionalizó la compañía en 2012, la jueza Loretta Preska accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, que era imposible de pagar por el país. A cambio, sugirió que aporte otros activos (en principio antes del 5 de diciembre  y que la gestión anterior logró retrasar hasta el 10 de enero para que se ocupe la nueva gestión), como garantía para evitar embargos.

Entre los activos que sugirieron los buitres como alternativa al bono de 16.100 millones de dólares de fianza, se encuentra el 26 por ciento de la participación accionaria que tiene el Estado Nacional ( el 25 restante es propiedad de las provincias) en la compañía y un crédito a cobrar por parte del gobierno de Paraguay en la construcción de la represa generadora de energía binacional de Yacyretá. También intentaron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que la jueza omitió porque la ley argentina exige que los fondos de pensiones «sólo podrán destinarse al pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino».

La defensa de la República pidió posponer 90 días la fecha límite para presentar una garantía (en forma de fianza o activos) para evitar embargos. Entre los argumentos que obstaculizan el pago de esta fianza según los abogados que defienden a la República están en primer lugar los legales, ya que poner en garantía esos activos requeriría autorización por ley del Congreso. Además, nombraron las circunstancias económicas «muy difíciles» por las que pasa la economía argentina con una inflación interanual de más del 160 por ciento, una producción agrícola significativamente reducida a causa de una gran sequía, una falta de reservas de divisas y un 40 por ciento del país viviendo en la pobreza», asegura el escrito que agrega que «la República también carece actualmente de acceso a los mercados internacionales de capital y es en proceso de reestructurar su programa de préstamo de 44000 millones de dólares con el FMI».

«Como resultado de estas condiciones económicas tan difíciles y de la necesidad de reformas inmediatas y urgentes para encauzar la economía por una nueva senda, la nueva administración argentina no está en condiciones de pignorar activos para garantizar los 16.100 millones de dólares», finaliza.

Un largo camino

Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, le había puesto en septiembre número a un proceso que ya lleva ocho años de disputa entre el fondo buitre Burford Capital y la República Argentina, cuya defensa y apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini.

La jueza había determinado que Argentina debe pagarle al fondo buitre Burford 16.100 millones de dólares (entre intereses y capital) por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. El país se comprometía a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

La República notificó que utilizará la primera de las dos instancias de apelación que tiene, por lo que el juicio aún no cuenta con sentencia firme. Las leyes de Estados Unidos obligan a que, a pesar de que un juicio no cuente con sentencia firme, el acusado entrega una fianza como forma de garantía para los demandantes. Argentina pidió a la jueza eximirla de esta responsabilidad (un bono de 16.100 millones de dólares a ejecutarse en caso de que la sentencia quede firme) manifestando que la República no podría hacer el pago, ya que impondría un daño irreversible a una población que ya padece «una elevada inflación». Preska le concedió a Argentina la obligación de pagar los 16.100 millones de dólares de fianza. A cambio, le sugirió que tiene hasta el 10 de enero para depositar activos alternativos para proteger en cierta medida los intereses de los demandantes.

Alerta buitre

El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012 la República adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.

Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.

Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.



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