El expresidente Mauricio Macri, su operador judicial prófugo Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y el exministro de Justicia Germán Garavano fueron sobreseídos en la causa que los investigó por armar causas contra dirigente gremiales y del peronismo, más conocida como la “mesa judicial” de Juntos por el Cambio. El fiscal del caso, Franco Picardi, ya apeló la medida.
Quien libró de culpa y manchas a esos tres exfuncionarios y a otros más vinculados en ese mismo hecho fue María Eugenia Capuchetti, la jueza federal que tiene a cargo la congelada causa por el atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner y a quien se le probó vínculos con el gobierno porteño en manos del macrismo.
Lo que determinó la magistrada a la que se probó visitas a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2018, antes de que cayera en sus manos la causa por la mesa judicial macrista, fue que no existieron pruebas sobre un complot para el armado de causas judiciales entre el entonces gobierno de Cambiemos/Juntos por el Cambio y un sector de la Justicia.
«Transitada una extensa investigación que insumió más de cuatro años y relevado el itinerario procesal que aquí nos ha traído”, las conductas denunciadas «no constituyen delito alguno», indicó el fallo.
Luego agregó que «la inexistencia de tal asociación ilícita no surge solo de la prueba recolectada (que mal conduce a corroborar una coordinación jerárquica, una distribución de roles y un plan con acuerdo previo y común para cometer delitos indeterminados), sino también de las propias conductas denunciadas».
El fallo fue firmado poco antes del inicio de la feria judicial de enero y ya fue apelado por el fiscal Franco Picardi. En cuanto a «Pepin» Rodríguez, está prófugo aún en el marco de otra denuncia que le hicieron en su contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la cual conocida como Oil Combustibles.
Además de no dar por probada la denuncia, la jueza resaltó en el fallo que quienes fueron presionados para direccionar las investigaciones, esto es magistrados y fiscales, nunca denunciaron en su momento los hechos ni tampoco cuando declararon.
«Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal», fundamenta el fallo.
La jueza también valoró que no puede considerarse como “presión” los comentarios en la prensa sobre esos magistrados. «Tampoco podía incluirse como parte de esas supuestas presiones la actividad de la prensa”, dijo y agregó que “el escrutinio mediático no necesariamente puede constituir una presión inapropiada».
Los otros funcionarios sobreseídos fueron la exdiputada Graciela Ocaña, el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y el exministro de Trabajo Jorge Triaca. La jueza dejó constancia que “la causa en nada afecta el buen nombre y honor” de esas personas.
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