julio 23, 2024

Ley Ómnibus: Negociaciones, escándalos y una pausa en busca de votos | La Cámara de Diputados comenzó a tratar el megaproyecto de Javier Milei



Con un Congreso vallado y rodeado de gendarmes y policías, la Cámara de Diputados comenzó a debatir la Ley Ómnibus. Fue el primer día de una carrera que seguirá este jueves y se extendería hasta la noche del viernes. El round inicial estuvo marcado por los debates encendidos y las negociaciones silenciosas que pretendían preparar el terreno para la verdadera batalla: la votación en particular de la megaley. Javier Milei ya tiene el número para aprobar en general la norma, que incluye la delegación de facultades legislativas, la penalización de la protesta y una desregulación general de la economía. La gran incógnita, sin embargo, es lo que sucederá con la privatización de  empresas públicas: un punto que gran parte de la oposición amigable pide modificar y que, de no llegar a un acuerdo con el oficialismo, podría bochar. Tras casi doce horas, el debate pasó a cuarto intermedio.

La reducida bancada de La Libertad Avanza estalló en aplausos cuando, a las 10.30, consiguió el quórum necesario para dar inicio a la sesión. El número ya se lo habían prometido el día anterior la UCR y Hacemos Coalición Federal, que se sentaron junto al PRO para compensar la debilidad del oficialismo, aunque hasta último momento persistían las dudas. Finalmente, con los radicales, todo HCF -excepto Mónica Fein y Esteban Paulón, del socialismo, y la cordobesa Natalia de la Sota-, los del PRO y los tres diputados peronistas que responden a Osvaldo Jaldo, LLA consiguió 137 diputados para dar inicio a la sesión. Un número que prometía ser profético de la mayoría con la que el oficialismo planeaba aprobar, en general, la desguazada Ley Ómnibus. 

El texto final

Los diputados estaban a ciegas cuando ingresaron al recinto. O al menos formalmente. Desde temprano había comenzado a circular una versión final del diezmado proyecto, que había comenzado con 640 artículos y, finalmente, perdería casi la mitad. Pero no fue hasta que el secretario parlamentario, Tomás Figueroa, empezó a enumerar, uno por uno, los artículos que se suprimían del dictamen original (el mismo que la oposición light había firmado a las apuradas, sin saber lo que diría). Fue un proceso lento y desprolijo, que llevó a varias confusiones ruidosas cuando Figueroa equivocaba algún artículo. «Se suprime el 184… perdón, se suprime el 194», aclaró, levantando una ola de suspiros porque el artículo en cuestión no era uno más: era el que habilitaba la transferencia de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses al Tesoro Nacional. 

La eliminación de ese punto, que suponía la posibilidad de vender las acciones y bonos de Anses, terminó siendo una de las sorpresas de la jornada. Otra fue el blindaje del beneficio tarifario para zonas frías, que el proyecto original amenazaba con derogar y que, por reclamo de los gobernadores patagónicos, se sostuvo. Fue así que Martín Menem logró conseguir también el quórum de Innovación Federal, el bloque de un rionegrino, un neuquino, tres salteños (los peronistas que responden a Gustavo Sáenz) y tres misioneros. 

Se eliminaron, a su vez, varios artículos que modificaban el Código Penal para criminalizar la protesta y flexibilizar el gatillo fácil. Quedó afuera la sanción a los «organizadores» de las manifestaciones, así como el famoso artículo 305 que definía a una «manifestación» como «la congregación intencional y temporal de 30 o más personas en un espacio público«. Ese artículo -cuya autora es Patricia Bullrich y originalmente hablaba de «más de 3 personas»- suponía que cualquier encuentro en el espacio público requería autorización del Ministerio de Seguridad. «Los cumpleaños en las plazas se van a poder hacer», ironizaban en el radicalismo, que habían presionado para quitar ese punto.

Afuera quedaron también el artículo que modificaba el financiamiento de la Ley de Bosques Nativos, así como el capítulo que reformaba el Régimen de Pesca.

Se confirmó, a su vez, la eliminación de todo el paquete fiscal que ya había anticipado Luis Caputo: afuera quedó la suspensión de la movilidad jubilatoria, el aumento de retenciones y el blanqueo de capitales, así como varios impuestos. Entre ellos la prórroga del Impuesto País, foco de los reclamos de HCF y los gobernadores, quienes pretendían que el Gobierno coparticipara una parte. «Con eso y las privatizaciones nosotros no jodemos», amenazaban desde HCF, que aspiraban a convencer al oficialismo de volver a incluirlo y que se le garantizara parte a las provincias. Al cierre de esta edición no habían llegado a un acuerdo, pero la oposición amigable esperaba arribar el jueves a un consenso con Casa Rosada. 

Se cerró la puerta, por último, a cualquier pretensión de modificar el código electoral.

Cruces y debates

Los diputados llegaron al recinto sabiendo que enfrentaban una carrera de resistencia: las estimaciones más optimistas calculaban unas 30 horas de debate, las menos 50. Se habían anotado más de 200 oradores y, a las exposiciones por la ley, se superponían las cuestiones de privilegio (la mayoría contra el propio Milei). El titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que el dictamen volviera a tratarse en comisión, pero perdió la votación. «Un diputado denunció aprietes, carpetazos, fake news contra los que tengan un posicionamiento crítico. Que este tema se vuelva a votar», reclamó Martínez, refiriéndose a las denuncias de Nicolás Massot. Fue el propio Miguel Ángel Pichetto, titular de la bancada que integra Massot, el que salió a cruzarlo.

El primero en tomar la palabra fue Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General, quien aprovechó para asentar el mensaje que buscaría dar LLA durante todo el día: Milei había hecho trabajar frenéticamente al Congreso durante el verano. Destacó el tratamiento en comisión y cerró: «Esto es un shock de libertad para los argentinos». Luego fue el turno del presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que aprovechó para defender las facultades extraordinarias para Milei: «Para salir de esta grave situación es necesario contar con estas herramientas que le van a permitir salir de un modo más ágil», insistió. 

Finiquitó José Luis Espert, el ex opositor más oficialista de todos y presidente de la comisión de Presupuesto: «Este proyecto es polémico para los que quieren cuidar sus privilegios. No le tengamos miedo a la libertad». Dejó otras perlitas como «los recursos naturales si no se explotan, no son recursos», y terminó siendo el más aplaudido por LLA. 

Carlos Heller (UxP), mientras tanto, optó por calificar la megaley como «Proyecto Cuatro M» por Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei. «Todos propiciaron lo mismo. ¿Cuál era el lema de Martínez de Hoz y la dictadura? ‘Achicar el Estado es agrandar la Nación’. Para Menem ‘todo lo que será estatal será privatizado’. Macri y Milei dijeron lo mismo”, señaló el economista de UxP, quien apuntó que era «falso que eliminando restricciones viene la prosperidad, lo que va a venir es la prosperidad de un pequeño grupo de corporaciones».

«Son libertarios pero no creen ni en la democracia ni en la libertad. Restringen la libertad a un solo aspecto: el papel que le dan al Estado para reprimir'», apuntó Leopoldo Moreau, quien sostuvo que había que llamar el capítulo de reforma penal «cárcel o bala», en homenaje a Espert. «Bala indiscriminada, con impunidad, diciendo que quien hace uso de la fuerza tiene a su favor la presunción de que lo ha hecho en ejercicio de su función. Le impiden a la gente ser querellantes, los padres de Lucas González nunca hubieran podido esclarecer el crimen de su hijo si se aprueba esto», agregó.

Privatizaciones y escándalos

El debate se movía con lentitud. Mientras los legisladores tomaban la palabra, otros se reunían y negociaban los artículos que estaban en duda y que, si no se llegaba a un acuerdo, se podrían caer en la votación en particular. El caso más espinoso era el de privatizaciones a las empresas públicas. De aprobarse tal como está, el Ejecutivo tendría la posibilidad de privatizar todas las empresas públicas excepto YPF. Se conversaba quitar, a su vez, Arsat, Banco Nación y Nucleoeléctrica

Los alfiles de la UCR, HCF e, incluso, Innovación Federal negociaban hasta tarde a la noche para presentar una propuesta alternativa unificada al Gobierno. Pero no terminaban de acordar. El radicalismo venía reclamando que la privatización de cada empresa pase, ley por ley, por el Congreso. Pero en HCF -que sugería achicar el listado de empresas sujetas a privatización- sostenían que Milei no aprobaría eso. «Privatizaciones tiene que salir de forma tal que Milei no considera que es un impedimento, porque ellos siguen en campaña y el lobby empresarial es fuerte. Y la lógica ‘ley por ley’ la van a considerar un impedimento'», deslizó un armador de HCF.

Mientras las negociaciones se sucedían en distintos despachos del Palacio, en el recinto saltaban algunos escándalos. Uno fue la presencia en los palcos del recinto de Leonardo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal que está procesado por amenazar a Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes. Sosa llevaba una pulsera roja, es decir que había sido invitado por la presidencia de la Cámara, aunque cerca de Menem lo negaban. Se sospechaba que lo había invitado Lilia Lemoine. Hubo otro escándalo, más temprano, cuando el empresario Tomás Agote se puso a insultar a Myriam Bregman desde los palcos y lo tuvo que sacar el personal de seguridad. 

«¿Quién puede pensar que es responsable votarle una ley con facultades delegadas que le dan poderes de monarca a quien dice que el feminismo es su enemigo?», cuestionó Christian «Chipi» Castillo (FIT-PTS). «Esta ley es lo contrario a lo que la mayoría laboriosa en este país necesita. No seremos cómplices de este atropello brutal, como muchos acá, que rechazan determinados artículos, pero que le van a delegar facultades legislativas a un gobierno que ya demostró sus objetivos: el nefasto DNU y el protocolo represivo», apuntó Romina del Plá (FIT-PO).

Las horas pasaban, el PRO defendía con fiereza la ley y la UCR y HCF hacían malabares para sostener, al mismo tiempo, una postura crítica y de «responsabilidad institucional». Pero era tarde y todavía faltaban más de cien oradores, por lo que poco cerca de las 21.30 se definió pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía del jueves. La expectativa era votar en general el jueves a la tarde, pero muy pocos tenían la esperanza de finiquitar la discusión en particular antes del viernes. La discusión recién había arrancado. 



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