Luego del furioso operativo represivo de la noche anterior, la tercera jornada de debate de la Ley Ómnibus arrancó en un escenario de incertidumbre y, otra vez, con el Congreso vallado por las fuerzas de seguridad. Javier Milei aspiraba a tener la norma aprobada en general y en particular antes de viajar el lunes a Israel, pero no había acuerdo con los gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista, y nadie sabía hasta cuándo duraría la sesión en la Cámara de Diputados. Como las negociaciones fuera del recinto no prosperaron -con las facultades delegadas para el Presidente y la privatización de empresas públicas en el centro de las tensiones-, el oficialismo se resignó a patear el debate en particular para el martes próximo. A partir de ahí, La Libertad Avanza, sus aliados del PRO y los opositores amigables de la UCR y Hacemos Coalición Federal comenzaron a moverse con la confianza de que, esta vez sí, el gobierno nacional tendría la aprobación en general de la ley que desregula la economía y criminaliza la protesta social. Y así fue: cerca de las 18 la votación arrojó 144 diputados a favor de la Ley Ómnibus y 109 en contra. Milei intentó presentar el resultado como un triunfo, pero lo cierto es que, tras haberse mostrado intransigente y haber rechazado cualquier cambio en la megaley, debió realizar múltiples concesiones y mutilaciones al proyecto original. Y aún así, todavía no tiene garantizada la aprobación de puntos que considera claves.
Los votos se repartieron como se preveía. Junto a LLA votaron los legisladores del PRO, casi todo el radicalismo, la mayoría de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y otros bloques menores. En contra se pronunciaron los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, más cuatro de HCF (Mónica Fein, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota), dos de la UCR (Facundo Manes y Pablo Juliano) y uno de Por Santa Cruz (Sergio Acevedo).
¿Qué fue lo que aprobaron los diputados después de debatir durante tres jornadas? Nadie lo sabe con certeza, porque aún se sigue negociando el contenido final del dictamen. De hecho, recién a minutos de la votación, el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) anunció qué artículos quedaban suprimidos del proyecto tratado en comisión, una larga lista que también incluyó restituciones de puntos que antes se habían comunicado como suprimidos. Legisladores de UxP denunciaron que, a último momento, se reincorporaron al proyecto dos artículos ampliamente resistidos: el 179º, que desfinancia el Fondo de Integración Sociourbana, y el 196º, que elimina el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses.
Chicanas y negociaciones
Antes de llegar al momento de votar, habían transcurrido casi ocho horas debates y algunas chicanas. Los diputados de UxP y la izquierda denunciaron la violenta represión del jueves, comandada por Patricia Bullrich, que había derivado en decenas de manifestantes y periodistas heridos. En vez de hacer un mea culpa, LLA optó por responsabilizar a los legisladores que habían denunciado la represión. Lilia Lemoine, por ejemplo, que nunca había tomado la palabra en la sesión -ni para defender la ley ni para explicar por qué había invitado a Leonardo Sosa, líder de la violenta agrupación Revolución Federal, a presenciar el debate- pidió una cuestión de privilegio contra los legisladores del FIT Myriam Bregman y Nicolás del Caño que terminó derivando en una crítica a UxP: «A ustedes también les digo frente de izquierda porque de derecha no son», les espetó, y enojada porque la bancada de UxP coincidía gritando «noooo», agregó: «Y peronistas tampoco. ¿Saben por qué? Porque Perón no estaba con terroristas».
A las 10 de la mañana, nadie sabía si la votación continuaría luego de la aprobación en general. Milei venía presionando a sus legisladores porque quería tener la discusión resuelta antes de su viaje a Israel e Italia, pero seguía sin tener los votos asegurados para muchos temas. Por un lado, el preacuerdo al que habían arribado la noche anterior sobre privatizaciones y facultades delegadas -el alma de la ley para Milei- ya había empezado a mostrar sus grietas. Por el otro, los diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora amenazaban con bochar varios artículos si el gobierno se negaba a avanzar con un pacto fiscal que coparticipara el Impuesto País.
Después de varios reclamos de UCR y HCF, LLA había presentado finalmente una contrapropuesta con modificaciones en el capítulo de privatizaciones y de facultades delegadas con el objetivo de vencer las resistencias de algunos sectores del radicalismo y la Coalición Cívica. En el caso de privatizaciones, el oficialismo propuso achicar de 40 a 29 el número de empresas a ser subastadas por el Ejecutivo. Quedaron afuera el BICE, la Casa de Moneda o Radio Litoral, así como todas las que tenían código postal cordobés (moneda de cambio para anotarse el acompañamiento de los legisladores cordobeses). Las que quedaron del listado las dividieron en cuatro anexos: una estrategia orientada a fragmentar las objeciones de diputados opositores con algunas privatizaciones puntuales. Una suerte de tetris de distribución de votos negativos que, sin embargo, no terminaba de garantizar que el capítulo de privatizaciones saliera.
El reclamo de la UCR original había sido que las privatizaciones se plantearan ley por ley, empresa por empresa, pero Casa Rosada lo había rechazado de cuajo. Juan Manuel López, Silvia Lospenatto y Alejandro Cacace mantenían reuniones con Martín Fariña, el «escriba» de Federico Sturzenegger (la mente maestra detrás de la Ley Ómnibus), buscando incluir artículos que garantizaran la «transparencia» del proceso. La propuesta era involucrar a la AGN en el proceso de licitación y, con eso, evitar el rechazo que ya varios diputados estaban anticipando.
Pero el verdadero problema que bloqueaba todas las negociaciones era el reclamo del gobernador Llaryora, que exigía la coparticipación del Impuesto País o la garantía de algún tipo de tranferencia a la provincia para que sus diputados respaldaran las facultades delegadas. Mientras los oradores se sucedían, en el despacho del titular de la Cámara, Martín Menem, estaban reunidos, junto a Guillermo Francos, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Oscar Carreño, así como el misionero Carlos Fernández, la salteña Pamela Caletti y el cordobés Carlos Gutiérrez. Se discutía y discutía pero no había manera de llegar a un acuerdo y por eso se terminó acordando un cuarto intermedio hasta el martes.
Los cierres
En el recinto, el debate continuaba y se acercaba a su final. En los discursos de cierre, los jefes de bloques de la UCR, Rodrigo De Loredo, y de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, hicieron equilibrio repartiendo críticas al kirchnerismo y a los «libertarios», a quienes les ratificaron el respaldo en general a la ley, con el argumento de aportar a la gobernabilidad y aceptar la voluntad popular que habrían expresado las elecciones. Más amigable aún con LLA, el titular del PRO, Cristian Ritondo, abundó en la misma línea: «Venimos con la responsabilidad de darle al Gobierno una caja de herramientas para resolver lo que dejaron los populismos berretas», dijo.
«Acá nadie habla de trabajo, nadie habla de industria ni de ciencia y tecnología. Tenemos un oficialismo que no defiende su proyecto, lo defienden los aliados que
hoy lo votan», disparó a su turno Germán Martínez, presidente de la bancada de UxP. «Se apalancaron en el rechazo frontal de nuestro espacio
político, de nuestro bloque, a este proyecto en general y en particular
para después ir a negociar», sostuvo el legislador santafesino. En sus palabras de cierre, pronunciadas en un constante tire y afloje con Menem por la extensión del discurso, Martínez remarcó el «bochornoso» debate en comisión del proyecto y la irregular ausencia del dictamen: «El 95 por ciento de los que estamos acá sentados no sabemos lo que se va a poner en consideración a la hora de votar», dijo. «No trajeron a nadie de relevancia para apoyar esto. En lugar de hablar del proyecto, eligieron insultarnos a nosotros porque no pueden fundamentar lo que en un ratito van a votar», señaló, y consideró que la Ley Ómnibus será «criminal» para los argentinos.
El último en hablar fue el presidente del bloque de LLA, Oscar Zago. Repitió el guión que dice que con esta ley se comenzará a «reconstruir la Argentina» y chicaneó a su predecesor en el uso de la palabra apelando a una frase que, según dijo, le había comentado Pichetto y que, de alguna manera, admitía la falta de argumentos en defensa de la ley: «Sí, Martínez -dijo-, ustedes se van a ir con el discurso, pero nosotros nos vamos a ir con la ley». En rigor, todavía falta la votación en particular, pasar por el Senado
y, con un proyecto tan amplio, nadie descarta que haya cambios y deba
volver a Diputados.
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