No eran ni las once de la noche cuando salieron del Palacio los últimos diputados que se habían quedado repasando lo que había salido mal en la votación. Eran como jugadores después de un partido de fútbol –así lo calificó un dirigente de la oposición– tratando de discernir qué había fallado, qué se podría haber hecho para salvar el proyecto de le ómnibus. La Libertad Avanza acusaba a Miguel Ángel Pichetto de haberles prometido votos que no estaban y Hacemos Coalición Federal se quejaba de que el oficialismo pretendía que Pichetto accionara como si fuera un ministro de Gobierno. Guillermo Francos, mientras tanto, no atendía el teléfono. La novela de la caída del proyecto de ley fue interpretada y reinterpretada a lo largo de toda la noche y, después, a lo largo de toda la mañana: se identificaron responsables políticos y se escrachó a los «traidores», pero no dejaron mucho lugar para el futuro. El oficialismo cerró «el día después» sin una hoja de ruta, pero con una convicción clara: el proyecto de ley ómnibus se había terminado.
«Así esta ley no sale, no nos sirve». Las palabras de Santiago Caputo a la 7 de la tarde del martes en el despacho de Martín Menem le pusieron fin a la agonía de las últimas horas. La oposición acababa de desguazarle todo el capítulo de facultades delegadas y se preparaba para hacer lo mismo con privatizaciones: habían perdido y era tiempo de terminar con la sangría a cuentagotas. El despacho estaba repleto: Caputo que, teléfono en mano, conversaba con Milei en Israel; Menem y Oscar Zago (LLA); Cristian Ritondo y Silvia Lospennato (PRO); Miguel Ángel Pichetto (HCF); Rodrigo de Loredo y Alejandro Cacace (UCR); la salteña Pamela Caletti (Innovación Federal). A un costado estaba Maximiliano Fariña, «el escriba» de Federico Sturzenegger que se encargaba de puntear, artículo por artículo, que entraba y salía de la ley.
El derrumbe que había comenzado con el primer rechazo llegaba a su fin y, por esas horas, la oposición le reclamaba a LLA que tomara una decisión. Lospennato y Cacace les plantearon, técnicamente, cuáles eran los caminos parlamentarios posibles: convocar un cuarto intermedio y seguir negociando privatizaciones o devolver toda la ley a comisión. Caputo –paloma mensajera de Milei– definió que la ley como estaba no servía y planteó devolverla a comisión. Fue entonces que Lospennato y Cacace –cuadros técnicos del PRO y la UCR– les informaron de la existencia del artículo 155 del reglamento de la Cámara de Diputados, que decía: «Un proyecto que, después de ser sancionado en general, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna».
No quedó del todo claro, sin embargo, y por unas horas tanto Zago como Guillermo Francos estuvieron convencidos que la votación en general no se había caído. Los tuvieron que corregir los periodistas que los entrevistaban.
El día después y el fin del megaproyecto
Después del tortazo de la derrota, LLA se ordenó y salió a identificar a los «traidores». Milei, en su hiperactividad tuitera, publicó una lista con foto y nombre de los que habían votado en contra de la ley. Allí estaban Nicolas Massot, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Julio Cobos y Facundo Manes, pero también Carolina Píparo, excandidata a gobernadora bonaerense de LLA. En la bancada libertaria no se esperaban que votara en contra y el malestar se extendía como una mancha venenosa, con las antenas listas para fichar culpables. Y la antena no apuntaba solo contra los gobernadores y contra Pichetto por «habernos prometido que los votos estaban», tal como se quejaron varios diputados de LLA.
Por la tarde, la bancada libertaria mantuvo una nueva reunión de bloque que duró horas. Fue un espacio de catarsis, reclamos cruzados y cuestionamientos por la falta de información que, desde el Ejecutivo, les habían dispensado a sus propios legisladores. No habían sido pocos los diputados que el martes, al momento de la votación, no estaban seguros de lo que se estaba votando: Gabriel Bornoroni (presidente de la comisión de Legislación General) leía los nuevos artículos modificados y varios de sus compañeros de bancada no tenían idea de dónde los estaba sacando. Había desconexión entre el bloque y los negociadores y muchos legisladores, aunque por lo bajo, apuntaban los cañones contra Francos.
«Nosotros veíamos que algunos votos no estaban, pero Francos nos había asegurado que el número estaba», reconoció una diputada libertaria, quien sospecha, como varios en LLA, que la cabeza del ministro de Interior será una de las primeras en caer apenas Milei regrese a la Argentina. No era la única que venía advirtiendo esto el martes, sino que era lo que coreaban, con fiereza, todos los diputados de HCF y la UCR: los votos no estaban. Pichetto, ya harto, tuve que rogar que convocaran a un cuarto intermedio para que se dieran cuenta. Pero el oficialismo hacía oídos sordos y definió, pese a todas las advertencias, sesionar de todos modos aunque el número no estuviera. Zago, Francos, Menem y el resto de LLA después le echarían la culpa a los gobernadores por haber prometido apoyos que después quitaron, pero la realidad era que habían arribado al recinto con el número flojo de papeles y sin hacer un poroteo cabal de la situación. Fariña, incluso, llamaba a Massot y Carreño para chequear cómo venían los números, no a Menem.
Más allá de la catarsis, el bloque libertario se reunió para ver qué hacer a partir de ahora. Las señales eran confusas y, mientras en público algunos hablaban de que el debate en comisión continuaría la semana próxima, en privado reconocían que la ley ya se había caído. No existía más el proyecto de ley: había quedado en el olvido después de que el martes la oposición la hubiera despedazado en el prime time televisivo. Uno de los primeros en advertirlo fue Carlos D’Alessandro, uno de los agentes libres de LLA que, sin embargo, fue premonitorio: «Recibimos noticias desde el Ejecutivo de que no piensan enviar ninguna ley durante 2024, por lo cual entiendo personalmente que esta ley ómnibus va a ser retirada por el Ejecutivo». Horas después lo reconocería el propio Zago: «El Presidente ha tomado la determinación de darle la orden a los diputados que no se vuelva a tratar».
Sin megaproyecto, las sesiones extraordinarias se quedan ahora sin razón de ser. La apuesta, por estas horas, es volver a plantear el tema en marzo, dividido (tal vez) en proyectos separados (un reclamo histórico de Zago y el resto de los diputados que también sufrieron con el mamotreto original de 600 artículos). Pero no hay hoja de ruta: el oficialismo necesita tiempo para recuperarse del fracaso y, de momento, aguarda mayores indicaciones de su presidente, que está furioso.
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