octubre 14, 2024

La recta final hacia el juicio por el atentado contra CFK | Todas las partes involucradas presentaron sus testigos y pedidos de nuevas medidas



Los preparativos para el juicio oral por el intento de magnicidio contra la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner entraron en la recta final: la fiscalía, los tres acusados y la querella ya presentaron sus pruebas y pedidos de nuevas medidas de investigación. La fiscal Gabriela Baigún presentó una lista de 182 testigos, entre ellos, además de la propia CFK, propuso citar a las secretarias de Gerardo Milman, a Jorge Abello (el hombre que dijo haber escuchó al diputado del PRO decir: «cuando la maten yo estoy camino a la costa»), a la ministra Patricia Bullrich, a Ximena de Tezanos Pinto (vecina de CFK), a los referentes de la agrupación violenta Revolución Federal (entre ellos, Leonardo Sosa, el que tuiteaba desde Diputados en la primera sesión por la Ley Ómnibus), a los llamados «copitos», al fundador de Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, y su amigo Martín Almeida (hoy un tuitero mileísta), a peritos, policías, custodios y gente que estaba en el momento del hecho, entre tantos otros. La lista del resto de las partes es más acotada. 

Tribunal complicado

Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó disparar -pero falló- el 1 de septiembre de 2022, su entonces novia, Brenda Uliarte, y Gabriel Carrizo, quien manejaba el negocio de venta de copos de azúcar que la pareja vendía y aprovechaba para hacer inteligencia en las inmediaciones de la casa de la expresidenta, serán juzgados por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía, por ser planificado entre dos o más personas y agravado por el uso de un arma de fuego, en grado de tentativa. El primero como autor, su pareja como coautora, y Carrizo como partícipe secundario. Todavía no está claro cuándo se hará el juicio, pero todo apunta a que se haga este año. Está a cargo del Tribunal Oral Federal 6, que tiene un problema de raíz: todos sus cargos están vacantes y son ocupados de manera provisoria. A uno de ellos, Ignacio Fornari, se le termina la suplencia en marzo. A los otros dos, Sabrina Namer y Adrián Grünberg, los recusó Carrizo, a través de su abogado Gastón Marano, exasesor de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia.

La recusación alega «temor de parcialidad», se apoya en decisiones judiciales de ambos jueces y arriesga que comparten «ideología» con la víctima. Por ejemplo, sobre Namer, dice que en la causa del Memorándum con Irán la exvicepresidenta intervino «activamente para impedir su apartamiento», atribuyen su decisión de otorgar a libertad a Carlos Zannini y Luis D’Elía en la madrugada del 24 de marzo a «un mensaje ideológico». A la jueza, que fue fiscal de la Unidad AMIA, le adjudican un vínculo también con Oscar Parrilli, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia. Vele recordar que CFK y todos los acusados en aquella causa habían sido sobreseídos, pero con el cambio de vientos políticos Casación dijo que había que juzgarlos. Sobre Grünberg argumentan que es uno de los jueces que sobreseyó a CFK en Hotesur-Los Sauces y lo vinculan con la agrupación Justicia Legítima, que asocian al kirchnerismo. Los propios jueces deberán contestar este planteo y habrá que ver hasta dónde el abogado de Carrizo quiere llevar la pelea por conseguir otros jueces. Puede ir a la Cámara de Casación, pero eso no paralizará el rumbo al juicio oral. 

En busca de pruebas

Todas las partes pidieron medidas de instrucción suplementaria. La querella de CFK recuerda en su presentación que, cuando la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos  Rívolo elevaron la causa a juicio, dijeron que no habían encontrado ninguna conexión política ni financiera. En realidad, plantean los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, «se dejó de lado prácticamente toda producción de medidas de prueba vinculadas con las motivaciones subyacentes al atentado (…) quizás hasta intencionalmente». Obviaron, ejemplifican, la «pista Milman», a los miembros de la agrupación Nueva Centro Derecha y de Revolución Federal.  

El caso de Milman es el ejemplo paradigmático: después de que el testigo Abello declaró que el diputado había dicho, horas antes del atentado, «cuando la maten yo estoy camino a la costa», en el bar Casablanca y ante dos colaboradoras, a ellas no se les secuestró el celular pese a que intentaron mentir al declarar. Una de ellas, Ivana Bohdziewicz, declaró meses después que en oficinas de Bullrich un perito borró su celular, manipuló el del diputado y a su compañera, Carolina Gómez Mónaco, la mandaron a comprar un Iphone nuevo. Todavía no se analizó ningún celular de Milman. Se dejó pasar un papel hallado en la casa de Uliarte donde estaba escrita a mano la Regla de Tueller (una técnica de disparo que agitaban Bullrich y Milman, que era su número dos en seguridad) y recién en noviembre último se supo que la letra era de un primo policía de la chica, Martín Uliarte, con quien habló varias veces el día del atentado. No se investigó a Carrol, a quien Sabag Montiel señaló como quien debía ponerle abogado, con quien Uliarte tenía contacto, y cuyo celular entregado a la jueza estaba vacío. La pareja había ido por invitación de Carrol al cumpleaños de Almeida, influencer y humorista libertario.

La querella pide medidas previas al juicio para «saber si Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo actuaron en conjunto con otras personas o impulsados por otras personas». Quiere ver otras causas donde se supone que son investigados Milman, Carrol, el amigo, el dispositivo de seguridad que actuó antes del atentado, también el expediente sobre Revolución Federal, los proyectos que presentó el diputado antes y después del hecho alusivos a la custodia, las cámaras del edificio donde está la oficina de Bullrich y quién es el propietario, identificar al perito que borró los celulares y al abogado que los asesoraba. De todo este grupo de personajes, solicita estudiar comunicaciones entre ellos y los acusados. Suma allanamientos: a las oficinas de Avenida de Mayo 953 de Bullrich (ahí está su Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad), a Milman y a Carrol. Solicita la lista de personal del Instituto de la actual ministra. Reclama una junta de peritos del Ministerio Público Fiscal, la querella, la Policía Federal, la PSA y Gendarmería para intentar recuperar el contenido del celular de Sabag Montiel, perdido apenas comenzaba la investigación. 

La fiscal Baigún también busca la información perdida del celular de Sabag Montiel y pidió la causa que debería investigar qué ocurrió. Apunta al operativo de seguridad de CFK: modulaciones policiales, qué hizo Asuntos Internos de la Federal, la causa penal al respecto. Quiere las filmaciones de todos los allanamientos. Encomienda un estudio de geolocalización para verificar coincidencias espacio-temporales de los tres acusados con integrantes de Revolución Federal, como Jonathan Morel, su novia Dalila Monti, Sosa, Gastón Guerra, Sabrina Basile y Brenda Lara Ortega, un mujer que tenía contacto con Uliarte y que el día que fue a declarar dijo que había perdido el celular una semana antes. Sugiere cruces de llamadas entre los imputados y Tezanos Pinto y Delfina Wagner, una influencer libertaria (que dijo vivir en la casa de la vecina de CFK), que fue panelista en Crónica TV y se vinculó con Uliarte y Sabag Montiel cuando fueron al canal. A ella le mandó un mensaje solidario después del atentado. La fiscal pide que se amplíe el análisis de celulares de Milman, sus colaboradoras, y contactos en común, incluyendo al primo de Uliarte. Agrega la lista de asesores del diputado. Le interesa la pista económica: que se rastreen transacciones en criptomonedas de Uliarte y Sabag Montiel, que «Paypal» informe también sus transacciones, así como otras plataformas (Uber, Onlyfans y Airbnb) y otros movimientos de dinero con billeteras virtuales y tarjetas. 

Los acusados

El abogado de Carrizo pidió como medida adicional que le hagan a su cliente  la «prueba poligráfica», conocida como «detector de mentiras». Quiere mostrar que no miente. Carlos Telleldín y Sabrina Mansilla, abogados de Uliarte, quieren que le hagan una evaluación psicológica, en busca de mejorar su situación. La defensora de Sabag Montiel, Fernanda López Puleio, presentó una extensa evaluación psiquiátrica del asesino fallido, que lo define como consciente de sus actos pero con un «trastorno delirante crónico con ideas polimorfas», ideas mesiánicas y de grandeza, y también hipocondríacas. Consigna sus múltiples visitas a hospitales desde 2018. Agrega notas periodísticas y de análisis sobre el contexto de violencia previo al atentado, con lo que es posible que apueste a morigerar su posición al mostrarlo como alguien influenciable por el clima circundante. Entre las medidas adicionales pide la nómina de todos los peritos psicólogos y psiquiatras que lo atendieron desde su detención para que den testimonio. 

Los testigos

La querella de CFK pidió 77 testigos, la fiscal Baigún 182, Sabag Montiel 42, Uliarte 55, Carrizo 63. Además de que CFK debe declarar como víctima, en casi todos los listados están los custodios, peritos y agentes que intervinieron en distintos procedimientos (secuestro de elementos, allanamientos, peritajes); militantes que custodiaban a la expresidenta en los días en que una multitud le manifestaba apoyo en su casa durante el juicio de Vialidad, entre ellos los que atraparon a Sabag Montiel; el jefe de la custodia de CFK, Diego Carbone; la custodia de Capuchetti que llevó el celular de Sabag Montiel en un sobre abierto a la PSA, que lo encontró reseteado de fábrica; amigos o personas vinculadas a los imputados -algunos que no habían sido mencionados-; el grupo de los bautizados «copitos», que pasaron los días post atentado con Carrizo y Uliarte (Lucas Acevedo, Miguel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta) y hasta fueron a la televisión; Agustina Díaz, la amiga de Brenda que estuvo detenida, a la que le contaba el plan de matar a CFK, luego desvinculada; Mario Borgarelli, quien dijo ser amigo de Sabag y que «su intención era matarla» a CFK y «lamentablemente no ensayó antes»; Eduardo Prestofelippo, alias «El Presto», influencer libertario que tuvo un romance con Uliarte; ex parejas de Uliarte; su primo y su padre; Alejandra Mroue, periodista que trabajaba en Crónica, que la querella dice que debió ser investigada por su posible relación con Gómez Mónaco; el testigo Abello; Carrol; Almeida. 

Baigún, en particular, pidió citar a las asesoras de Milman, a Bullrich, al perito Jorge Teodoro (que trabaja en el Instituto de Bullrich), a Florencia Retamoso (pareja de Milman), a integrantes de Revolución Federal (Morel, Monti, Sosa, Guerra, Basile), a Wagner y de Tezanos Pinto, entre los muchos otros. Este último grupo puede llegar a plantear alguna discusión porque algunos son investigados. La última palabra, de todos modos, la tendrá el tribunal. 



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