El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, hizo lugar este martes al pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que reclamó el dictado de una medida «autosatisfactiva» contra el Estado Nacional para que «cese» la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Sin embargo, rechazó la pretensión de Torres «en torno a la devolución de la sumas ya retenidas y a la imposición de condiciones de una eventual refinanciación».
El Gobierno anticipó que presentará un per saltum ante la Corte Suprema.
En la medida judicial, que regirá hasta «hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso», el magistrado «exhorta a las partes a que arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».
«Encuentro que el obrar de la (parte) demandada -el Gobierno nacional- resulta irracional, así como contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa«, dijo Sastre sobre el modo de accionar de la gestión de Javier Milei.
El gobierno ultraderechista, además, «omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales», advirtió el juez.
Asimismo, «la solución que impulsa el Estado Nacional, no se condice con su accionar en años anteriores, en los que la situación financiera y de necesidad de saneamiento de las cuentas públicas de la accionante resultaba idéntica a la actual», agregó el magristrado, al recordar que «en los años 2020, 2022 y 2023, otorgó financiamiento, refinancio y hasta suspendió el cobro de la deuda». Sin embargo, «en el año 2024, ante las peticiones de la provincia de igual naturaleza, a los fines de refinanciar la deuda, la demandada guarda silencio», detalló Sastre, quien indicó que «con ello, se observa un tratamiento desigual, sin fundamento racional, y violatorio del principio de igualdad».
El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, celebró la decisión de Sastre en sus redes sociales. «La Justicia Federal le dio la razón a Nacho Torres: el Gobierno Nacional retuvo ilegalmente la coparticipación de Chubut. Van a tener que tomar cursos de contratos y envío de correos electrónicos. Mientras, no van a poder seguir reteniendo lo que le pertenece a la provincia«, escribió.
El fallo completo
La presentación de Torres
Este martes, Torres había reclamado a la Justicia el dictado de una medida «autosatisfactiva» contra el Estado nacional para hacer cesar «la retención automática de fondos coparticipables» que «son utilizadas como una herramienta de presión política para bloquear recursos coparticipables».
La provincia concretó la presentación del texto de la demanda ante el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre, quien dio vista a la fiscalía para manifestarse sobre la competencia de ese Tribunal y la competencia de la medida solicitada, informaron a Télam fuentes judiciales.
A media mañana de este martes, el fiscal federal de Rawson Fernando Gelvez dictaminó que el juzgado federal 1 de esa ciudad era competente para intervenir en el caso, postuló que debía admitirse «formalmente la medida autosatisfactiva» pedida y ante ello juez quedó en condiciones de resolver, algo que finalmente ocurrió pasado el mediodía.
El detalle de la demanda presentada por Chubut
En la demanda de 77 carillas al que tuvo acceso Télam, el gobierno de Chubut pidió dictar la medida autosatisfactiva que ordene «el cese de la retención automática que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto Nro. 286/95), realiza sobre las sumas que ha de percibir la provincia del Chubut por Coparticipación Federal de Impuestos».
«Esta situación deberá mantenerse por el plazo de la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial dispuesto mediante la Ley Nº VII N° 94», sostuvo la presentación firmada por el gobernador Torres, el fiscal de Estado de Chubut Andrés Giacomone, el fiscal adjunto Lucas Papini y el abogado Javier Stampone.
En la demanda se reclama también que se ordene al Estado Nacional «renegociar la deuda en condiciones razonables que impliquen un plazo mínimo de 5 años de amortización y una modificación de las condiciones actuales de actualización de la deuda por CER».
En concreto, se pide aplicar «una tasa BADLAR en pesos bancos privados para operaciones superiores a $ 1.000.000, en un plazo de 30 a 35 días, más un spread de 200 a 300 puntos básicos».
En su defecto, se solicita autorizar a la provincia a tomar «un nuevo endeudamiento con el exclusivo destino de cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario Provincial mediante la emisión de un título de deuda cancelable en un plazo de 5 años en pesos o dólares, bajo la legislación nacional o extranjera».
El gobierno de Chubut reclamó que se ordene al Estado Nacional «hacer inmediata devolución a la provincia de las sumas ($10.516.610.155,08) retenidas automáticamente hasta el día 23/02/2024 de la coparticipación federal -como las posteriores hasta la notificación de la sentencia».
En relación a la deuda, el gobierno de Chubut explicó que «la tasa de interés se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)» y «el avance del proceso inflacionario ocasionado por las políticas implementadas por el propio Estado Nacional causó que la deuda se incremente a la friolera suma de $ 124.565.021.767,23 para el presente año 2024».
«Atendiendo a la gravedad de la situación, ya desde el mes de diciembre de 2023 la provincia del Chubut viene realizando reiterados pedidos de refinanciación -demostrativa de su manifiesta voluntad de pago-«, agregó la gestión de Torres en la demanda, donde remarcó que hay «necesidad imperiosa» de proceder a la cancelación de la deuda «en condiciones que no tornen de imposible cumplimiento la satisfacción de los servicios esenciales del Estado Provincial».
En la actualidad, había señalado Torres en su presenciación, hay «real riesgo» de no poder cumplir objetivos en educación pública «a partir de la abusiva retención de recursos por el Gobierno Federal» y lo mismo podría ocurrir con los salarios de los empleados públicos «pese al carácter alimentario de los mismos», advirtió.
Este lunes, la legislatura del Chubut aprobó un proyecto de ley en el que «se encomienda al Poder Ejecutivo a realizar todas las acciones administrativas, judiciales y métodos alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y el atropello del gobierno nacional al retener fondos que por derecho le corresponden al estado provincial».
Esa iniciativa establece además que «lo indicado implica también la realización de las acciones de igual tenor tendientes a la recuperación de los recursos correspondientes al mes de febrero del 2024 del régimen de coparticipación federal de impuestos, la ley 26206 y ley de educación nacional por los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024 y los fondos correspondientes al fondo de compensación del transporte público».
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