Con el título «Rigi en debate», la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE), una de las cámaras más importantes del sector fabril e integrante de la Unión Industrial (UIA), realizó 5 propuestas de modificaciones al Régimen de Fomento de Inversiones (RIGI), que es parte del debate en el Senado de la Ley Ómnibus. Todos cambios de fondo, que van contra la idea del presidente Javier Milei de aprobarlo tal y como está. Entre ellos pide cambiar las retenciones cero otorgadas a los que inviertan, reduce el plazo de los beneficios de 30 a 10 años y considera clave que se modifique el régimen de compre nacional.
Vale decir que, en paralelo a la presentación de este documento, el presidente de FISFE, Javier Martín, expuso en el plenario de comisiones para dejar en claro cuál es la postura de este polo fabril, uno de los tres más importantes del país. La UIA también envió emisarios a blanquear que el RIGI no puede salir en las condiciones actuales, que ponen en riesgo la situación de una industria nacional ya muy golpeada por la recesión y la caída de la actividad.
«Si bien apoyamos decididamente la creación de mecanismos para atraer inversiones, también nos interesa que tengan un impacto positivo en los encadenamientos locales y que apuntalen las capacidades productivas de Argentina», arranca el documento que les elevaron a los Senadores. Ese trabajo está dividido en 5 puntos. El punto 1 reclama que «el plan de inversiones requerido por la autoridad de aplicación debería considerar parámetros sobre objetivos deseables como la localización de proyectos en áreas de menor desarrollo relativo, la compra de bienes de capital e insumos nacionales que motive el desarrollo de proveedores; el aumento progresivo de las exportaciones; y la generación de empleo directo e indirecto». Este punto va contra el punto del RIGI que les brinda a las empresas que inviertan la posibilidad de comprar todo insumo que desea vía importaciones.
«Igualdad de condiciones»
El punto 2 de las propuestas de los industriales de Santa Fe, en tanto, se titular «Igualdad de Condiciones». Y asegura que «el proyecto plantea múltiples ventajas tributarias. Esto coloca a las empresas pre existentes en situación de desventaja. Nuestra propuesta es que el beneficio de «arancel 0″ se circunscriba a aquellos insumos y equipos nuevos sin producción nacional. Y que las demás excenciones sean aplicable únicamente en la etapa de inversión, y no a todo el período de operación». Esta parte va contra el punto en el que el RIGI quita retenciones a importaciones y, sobre todo, cuestiona que esos beneficios se apliquen más allá de la instalación del proyecto, llegando al ejercicio operativo.
«Compras Nacionales»
El punto 3, por su parte, aborda las «Compras nacionales». Se plantea allí que el artículo 191 destaca que «los proyectos adheridos al RIGI «podrán importar y exportar sin ningún tipo de requerimiento». Bajo este paradigma, apunta FISFE, «el RIGI no genera capacidades productivas, no repercutirá en mayor empleo ni promoverá la mejora tecnológica». En el mundo, sigue la Federación santafecina, «los regímenes de incentivo incluyen la participación de la industria nacional. Proponemos como requisito para adherir, la compra de bienes nacionales por un monto igual o superior al 25 por ciento de valor total de los bienes importados».
El punto 4 se titula «Plazo de beneficios». Destaca que «el proyecto otorga 30 años de estabilidad de los beneficios. Para un régimen de inversiones tan amplio resulta un plazo extremadamente extenso». Y agrega que «proponemos que el período sea de 10 años, con posibilidades de prorrogarlo mediante un análisis de impacto del proyecto, aplicable a inversiones adicionales».
«¿Y los incentivos a la inversión PYME?»
El trabajo de crítica y propuestas sobre el RIGI se completa con el punto 5, titulado «¿Y los incentivos a la inversión PYME?». Allí, los industriales, aseguran que «entendemos que Argentina necesita grandes inversiones, pero también es clave incentivar la inversión de miles de MiPYMES». En ese sentido, propone «una ley pyme que contemple la excención del Impuesto a las Ganancias de las utilidades líquidas reinvertidas, la amortización acelerada de inversiones productivas, la eliminación de retenciones para las exportaciones incrementales, entre otros aspectos».
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