Este miércoles, el jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, compareció ante el Senado en el marco de la discusión por la Ley Bases y el paquete fiscal. Era la primera vez que se escuchaba públicamente la voz del funcionario, uno de los más cercanos al presidente Javier Milei, a pesar de que la Constitución Nacional obliga al Jefe de Gabinete a asistir al Congreso al menos una vez por mes para informar sobre la marcha del Gobierno.
Durante la instancia de preguntas y respuestas de la exposición, la senadora jujeña de Unión por la Patria, Carolina Moisés, incomodó a Posse al preguntarle por el rol que cumple en la gestión de La Libertad Avanza Martín Maestu, señalado como uno de los mayores operadores del Ejecutivo en las empresas del Estado.
«Es una pregunta muy pero muy específica, pero ojalá pueda responderla y no repita la vaguedad de la mayoría de respuestas que se dieron por escrito. ¿Quién es Martín Maestu?«, indagó la legisladora jujeña, quien explicó que el consultor financiero santafesino no figura en la nómina oficial de funcionarios, de organismos descentralizados o empresas del Estado, y le requirió a Posse que informara si trabaja para la cartera que él conduce. Sin embargo, Moisés no logró sacarle una respuesta al exejecutivo de Aeropuertos Argentina 2000 en su debut en el Congreso.
¿Quién es Martín Maestu?
De 46 años y nacido en Venado Tuerto (Provincia de Santa Fe), Maestu es Licenciado en Administración por la Universidad de Belgrano y en 2004 estudió Master of Bussines Administratión en la University of Chicago Booth School of Business. En 1999, fue analista financiero de la banca de inversión norteamericana Merrill Lynch y desde 2000 trabaja en la consultora internacional McKinsey & Co, hoy como socio mayoritario. El sitio web oficial de la consultora describe el trabajo de Maestu como líder del trabajo de la firma en lo relativo a recursos naturales y energía en América Latina y con compañías mineras, petroleras y metalúrgicas de Argentina, Chile, Perú, Brasil y México.
Conocida como «La Firma» en todo el mundo por ser una de las empresas de consultoría con mayor influencia global, McKinsey & Co. estuvo implicada en varios casos de corrupción. El New York Times informó recientemente que la compañía es investigada por el Departamento de Justicia estadounidense por ayudar a maximizar las ventas de analgésicos a empresas farmacéuticas, entre otras indagaciones que cuestionan el involucramiento de la mega consultora.
Todavía sin respuestas oficiales
El nombre del hasta ahora desconocido Maestu surgió tras la pregunta de la legisladora jujeña Carolina Moisés, pero no es la primera vez que el Gobierno de La Libertad Avanza convoca a agentes «externos» para ocupar los cientos de cargos que aún faltan llenar en el Estado. Es el caso de Federico Sturzenegger, clave en la redacción del DNU 70/2023 y la Ley Bases (en su primera y segunda versión), pero también del misterioso asesor de Milei Santiago Caputo, el «arquitecto de la victoria» electoral de 2023, según las palabras del propio Presidente.
En las últimas horas, la opacidad y la falta de respuesta de los funcionarios del Gobierno mileísta en torno a la figura de Maestu llamó la atención de algunos medios de comunicación: este jueves, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el vocero Manuel Adorni fue consultado por el periodista Fabián Waldman por el cargo que ocupa el Senior partner de McKinsey & Co en la gestión de La Libertad Avanza.
«Con respecto a funcionarios sin cargo, funcionarios con despachos… imaginate que no tengo memorizada la Casa Rosada, todavía me pierdo. Mucho menos voy a saber qué persona está en cada oficina. Consultalo directamente en Jefatura de Gabinete, Me decís que no respondieron a esa pregunta, no sé por qué no la respondieron. Pero la verdad, el tema de oficinas no lo sé, te lo averiguo, pero lo desconozco», zanjó el expanelista de LN+.
Días atrás, el empresario y conductor Jorge Rial aseguró que Maestu es parte de la «mesa chica» del Gobierno, de la que también participa la hermana del Presidente, Karina Milei, y lo vinculó a varias privatizaciones de patrimonio estatal en marcha, entre ellos el intento de vender el predio de la TV Pública por U$S 400 millones de dólares.
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