julio 15, 2024

Cartografía de la crueldad, una a una las causas contra la ministra Pettovello | De alimentos y remedios retenidos a denuncias con copi & paste



«Es lo más grande que hay», dijo el vocero Manuel Adorni sobre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. «La mejor ministra en el área social desde el regreso de la democracia», la defendió Javier Milei. En la realidad paralela del mundo libertario, aplauden a la funcionaria por haber decidido no entregar alimentos a los comedores y merenderos comunitarios e interrumpir la provisión de medicamentos a pacientes con enfermedades graves que carecen de cobertura médica. En la realidad cotidiana y tangible de la gente de a pie, ambas políticas tienen algo en común: poner en juego la vida. En la realidad de los tribunales hay un gran abanico de expedientes judiciales donde ya no predominan –aunque están en trámite– las que apuntan a organizaciones sociales sino otras tantas donde el interrogante es si desde el ministerio de Pettovello, ella y/o su equipo, cometieron delitos o incumplen obligaciones del Estado. Algunas denuncias de la cartera, además, han sido un fiasco y en otras, comentan en tribunales, «parece que se dio un tiro en el pie». El mapa de los casos ilustrativos. Una decena de causas penales, aun con imputaciones imprecisas, y un centenar de amparos.

Alimentos acopiados

En febrero el dirigente Juan Grabois, advertía que Capital Humano había dejado de entregar alimento a las organizaciones sociales con la llegada del gobierno libertario. La fiscala Paloma Ochoa le pidió explicaciones a la ministra, que dijo poco. Se conoció que había más de 5.000 toneladas de productos guardados en dos galpones, algunos vencidos y casi 340 mil kilos de leche en polvo vencían en julio. El juez Sebastián Casanello le ordenó al ministerio que presente un plan de reparto de la comida. Pettovello apeló. Anunció que solo repartiría la leche con el Ejército y con la Fundación Conin, del antiderechos Abel Albino, como intermediaria, pese a que postulan que no quieren intermediación (es que no quieren a las organizaciones sociales). Se está haciendo Conin, publicó la periodista Noelia Barral Grigera, acostumbra a poner filtros para el reparto de alimentos: hacer cursos donde se dan enseñanzas contra los anticonceptivos. La Defensoras de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, informó que recibió denuncias de madres condicionadas (ver aparte). La Sala II de la Cámara Federal confirmó la orden de Casanello y recordó que se investigan delitos abuso de autoridad, violación de los deberes y/o administración fraudulenta. Capital Humano dijo que repartirá entre escuelas. Aún no precisó cuándo, a cuáles ni cómo.

Denuncias humo

El gobierno presenta a Pettovello como una luchadora anticorrupción y hace gala de supuestas auditorías sobre la gestión anterior. Como reveló Página/12, el fiscal Franco Picardi firmó un dictamen donde señala que una denuncia presentada por Pettovello, la subsecretaria Legal Leila Gianni, y otros funcionarios, por supuesta falta de rendición de fondos para los centros de primera infancia desde 2018, era un «copy & paste» de un análisis del año pasado de la Sindicatura General de la Nación. Pero era un recorte que omitía la conclusión: faltas administrativas que fueron subsanadas. Picardi le pidió que no use el sistema penal para direccionar y armar causas.
Capital Humano también había denunciado anomalías en la licitación de la compra de medicamentos de alto costo para tratamientos oncológicos y de enfermedades graves destinado a personas sin cobertura médica. Esa fue la excusa para interrumpir los tratamientos de cientos de personas. El juez Julián Ercolini, con el dictamen de dos fiscales (Ramiro González y Carlos Rívolo) desestimó el planteo. La ministra denunció el supuesto direccionamiento de una licitación para comprar aceite durante el gobierno anterior, pero la exministra Victoria Tolosa Paz había dado de baja la compra. Otra presentación reciente pretende sumar confusión por los alimentos acopiados y cuestiona compras de yerba.

Contraataque a organizaciones

En diciembre, con las primeras movilizaciones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que en la línea 134 se podían denunciar aprietes para asistir. Con algunos llamados hizo una denuncia. Cinco meses después, cuando crecía el escándalo por el bloqueo de alimentos, hubo 27 allanamientos en comedores, casas particulares y sedes de organizaciones. El fiscal Gerardo Pollicita había rastreado testigos, cinco de los cuales dieron algo de información, y analizó chats. Imputó a 23 personas por administración fraudulenta y supuestas extorsiones para que la gente fuera a las marchas: amenazas de quitar planes sociales, pedidos de dinero, amenazas con quitar alimento, y desviarlo. Las indagatorias comenzaron este martes. Entre los citados está el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni. También integrantes de Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha. Nadie niega irregularidades, pero por ahora no se avizora un plan sistemático de corrupción con la ayuda social. El gobierno demoniza a los movimientos (claves en la vida y contención en los barrios), como si robaran, busca desgastarlos y justificar que no les da comida. Hay una mega-querella: Capital Humano, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Ahora apareció otra causa en Quilmes.

Denuncias de doble filo

* Otra excusa para cortar el alimento a organizaciones en los barrios populares es la supuesta existencia de «comedores fantasma». Pettovello hizo una denuncia basada en una supuesta auditoría sobre el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM). Decía que solo se habían podido relevar 52,3% de los comedores y que el 47,7% restante no funciona más como tal. «El 25% de las direcciones no existen o nunca funcionó un merendero”. Aseguraban desvío de fondos. El registro no es más que una suerte de mapa de comedores o sitios que aspiran a dar de comer y se anotan. Cualquier puede entrar a la web y anotarse. No dice qué recibe cada comedor. Más allá de eso, desde que se cortó la ayuda alimentaria muchos dejaron de funcionar o lo hacen con menos frecuencia, o se mudaron o hay errores en la dirección. El único que declaró fue el subsecretario Héctor Calvente. El fiscal González le pidió que aporte pruebas, pero fue desplazado. El caso está en punto muerto.

*La abogada Gianni, ladera de Pettovello, declaró casi como confesión que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que estaba a cargo de Pablo de la Torre, tenía convenios laborales con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que se desviaron de su fin. Dijo que así se lo había relatado el director de administración, Federico Fernández, quien aparecía salpicado en un informe periodístico. La funcionaria describió que esos acuerdos se usaron para pagar a personal sin designación (montos hasta 1,3 millones de pesos), sobresueldos y cambiar dólares que eran distribuidos entre De la Torre y otros funcionarios del área. Al exsecretario lo echaron cuando se conocieron los alimentos acopiados y a punto de vencer. Gianni se explayó y contó que decidieron llevar a Fernández a que contara lo mismo ante un escribano en la secretaría de Trabajo: lo llevaron en un auto de la cartera, con la custodia de ella y otro abogado. Presentarían eso ante la OA. Fernández no quiso firmar el acta.

El fiscal González pidió este martes todas las cámaras que permitan reconstruir el ingreso a los dos edificios donde estuvieron (exDesarrollo y Trabajo), lo que pasó en los ascensores y donde se hicieron las reuniones. La semana pasada requirió documentación. Debería recibir un convenio firmado solo por Pettovello por la transferencia de más de 6700 millones de pesos a la OEI, lo que excede el límite de lo que puede llevar su sola firma (2700) y requiere la del jefe de gabinete. Otra denuncia, basada en una revelación de Página/12, pide investigar esa transferencia y la delegación a ese organismo de la licitación y compra de aceite y lentejas con una comisión de 5%. El mecanismo, además, elude a la Sigen y la Auditoría General.

Amparos y algo más

Las denuncias por cortar la entrega de medicación oncológica y para otros tratamientos costosos de patologías graves (destinados a personas en situación de vulnerabilidad social y sin cobertura médica) son resistidas en Comodoro Py. Una fue desestimada y otra recién ratificada. Sin embargo, han proliferado y han obtenido respuesta algunos amparos de pacientes urgidos, que no pueden interrumpir la medicación. En ciertos casos, insólitamente, el gobierno apeló. Ha fallecido medio centenar de pacientes en la espera: siete familias han hecho públicas las historias. La Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) estuvo hasta el 20 de febrero bajo el mando de Pettovello. Ahora depende de Salud. El ministro Mario Russo reconoció que hay 97 amparos en trámite y que se subejecuta el presupuesto. Pettovello no da información. Hay un amparo colectivo de 1900 pacientes que aún no tuvo respuesta para que entreguen los remedios. Hay otros dos (uno de Grabois y el CELS y otro de la Defensoría de niñez) en reclamo del alimento para los comedores, también en veremos



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