La hermana de Alfredo Astiz reclama al gobierno que libere al genocida | También exige que no se «usurpen» las unidades militares con espacios de memoria

La familia militar esperaba más y mejores resultados. Una de las mayores exponentes de esa impaciencia con la Casa Rosada es Lucrecia Astiz, hermana menor del exmarino Alfredo Astiz, emblema del genocidio. La mujer volvió a hacer públicos sus reclamos al gobierno que encabezan Javier Milei y Victoria Villarruel. Les exigió la libertad de los represores –a quien ella llama “hombres que combatieron el terrorismo en el pasado”– y el fin de los espacios de memoria.

Lucrecia Astiz decidió poner el dedo en la llaga: en la declamada “batalla cultural” que el mileísmo libra contra todo aquello que considera de izquierda. “Algunos de los ‘trofeos’ que esa izquierda exhibe y considera más importantes son la pérdida ilegítima por inconstitucional de la libertad de los hombres que combatieron el terrorismo en el pasado, la usurpación de unidades militares y/o policiales, y el levantamiento de monumentos frente a las mismas con el propósito de humillar a esas unidades en particular y a las Fuerzas Armadas y de seguridad en general”, se quejó en una carta de lectores publicada en el diario La Nación.

“Al momento, la administración actual no ha tomado ninguna medida para solucionar esta afrenta a las fuerzas de la república”, señaló la hermana de Astiz. “No vaya a ser que el actual gobierno pierda su batalla cultural contra la izquierda por imitar el gradualismo del gobierno de (Mauricio) Macri”, chicaneó.

No es la primera vez que Lucrecia Astiz difunde su malestar con La Libertad Avanza (LLA) –que suele referirse a los crímenes de la dictadura como “excesos” dentro de una guerra. En enero pasado, ella fue una de las firmantes de otra nota en la que Cecilia Pando y compañía les demandaron a Milei y Villarruel que cumplieran con sus promesas de campaña. En ese momento, la activista pro-impunidad reconoció que habían tenido contacto con los entornos del presidente y de la vice. Villarruel, de hecho, fue compinche de Pando en los reclamos a favor de militares y policías detenidos por crímenes contra la humanidad.

En abril, Lucrecia Astiz escribió otra carta en la que les reclamaba a los funcionarios “que no se dejen amedrentar por tres gatos locos que hacen más ruido que la mayoría dormida y silenciosa”. No es la única que se queja. El abogado Gonzalo Miño –que preside el capítulo rosarino de la Unión de Promociones (UP)– publicó días atrás su propio reproche. “Quienes se llenaron la boca hablando de que hubo una guerra en los ‘70, que deberían ser juzgados los miembros de las organizaciones terroristas de esa época reivindicando a las víctimas de las mismas, parece que han olvidado todo ello, embelesados en las mieles del poder”.

El de Lucrecia Astiz es un reclamo dirigido hacia el poder político. Fuentes judiciales al tanto de la megacausa ESMA dijeron a este diario que no ingresó ningún pedido de la defensa de Astiz para salir de la cárcel, donde cumple las dos condenas a prisión perpetua. Para la familia Astiz, Alfredo es un “prisionero”. Es el mismo mecanismo de negación que él mismo ejercita, como cuando mandó una nota al tribunal que lo condenó negando “ser un criminal ni mucho menos un genocida”.

Para las víctimas de Astiz, la carta de su hermana es una forma de remover las heridas. “Está claro que detrás de la ‘batalla cultural’ está la reivindicación de la dictadura militar y de su política de genocidio que sufrimos todos y todas aquellos que nos opusimos”, dice Osvaldo Barros, sobreviviente del campo de concentración de la ESMA e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).

Mabel Careaga es hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas en diciembre de 1977 –gracias a la infiltración de Astiz en el incipiente movimiento de derechos humanos. Para Mabel, Astiz es el símbolo de la crueldad y la dictadura. “Está todo tan probado que ni siquiera un gobierno negacionista como éste –que acusa a quienes se movilizan de terroristas– puede liberar a personajes como Astiz. Que pidan la libertad es reivindicar el secuestro y el asesinato de personas indefensas. El 80 por ciento de los secuestros se produjeron en las casas o lugares de trabajo. ¿De qué terrorismo nos hablan?”, dice la integrante de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

Graciela Lois conoce a la familia Astiz de los tribunales, donde vio que el represor gozaba de todas las garantías que no tuvo su marido, Ricardo Lois, cuando fue secuestrado y desaparecido por una patota de la ESMA. “Lucrecia Astiz sabe perfectamente bien quién es y qué hizo su hermano. Está preso por lo que hizo, que está probado. Su detención no es inconstitucional ni ilegítima. A diferencia de ellos, que no respetaron la vida de nadie, acá se respetaron sus derechos y fueron juzgados como dice la Constitución”.

Graciela es una de las responsables de que la ESMA sea hoy un espacio de memoria porque presentó, junto a Laura Bonaparte, un amparo para que el gobierno de Carlos Menem no pudiera demolerla. El predio de Avenida del Libertador fue, a lo largo de las últimas cuatro décadas, escenario de las luchas por la memoria. El mes pasado, tuvo lugar una nueva batalla cuando un grupo de militares retirados ingresaron para cantar la marcha de la Armada y fotografiarse, por ejemplo, con el avión de los vuelos de la muerte que fue repatriado el año pasado. Los «visitantes» –defendidos por el ministro de Defensa Luis Petri– decían en redes sociales que estaban recuperando un lugar que había sido usurpado.

“Nadie la usurpó –responde Lois. Esos lugares de muerte, como la ESMA –donde operó Astiz–, hoy son sinónimo de vida, aunque a Lucrecia Astiz le pese. Vamos a luchar para que nada de ello se pierda y no vuelvan a ser lo que ellos tanto añoran”.