Una comitiva de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) concurrió hasta el penal de Ezeiza para entrevistarse con detenidos por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer durante los años del terrorismo de Estado. Entre otros, visitaron a Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua por haberse infiltrado en el movimiento de derechos humanos y haber secuestrado a tres Madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas.
La visita al penal tuvo lugar el 11 de julio, dos días después del desfile militar en el que Javier Milei y Victoria Villarruel sellaron la paz a bordo de un tanque de guerra. El grupo de visitantes estuvo compuesto por Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, según trascendió. Algunas versiones indican que también habría estado Rocío Bonacci.
Varios de estos legisladores tienen vínculos con Villarruel, quien mejor expresa el reclamo de la familia militar reaccionaria dentro de la administración de LLA. Arrieta –que saltó a la fama después de aparecer con un patito en la cabeza– solía hacer campaña con ella. Araujo fue una de sus invitadas en el acto que encabezó el año pasado en la Legislatura porteña. Montenegro era su mano derecha y la acompañó durante sus primeros meses en el Senado.
La información de la visita fue publicada por La Política Online. Página/12 intentó comunicarse con los diputados para obtener su versión. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
Circuló un mensaje de Benedit confirmando la visita «humanitaria» a quienes considera “ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”. En ese mismo texto, dice que hay “héroes” que combatieron en Malvinas y adelantó que preparan una presentación judicial para denunciar la situación de los detenidos. Lo curioso es que si lo hacen deberán denunciar a Patricia Bullrich porque de ella depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En esa misma comunicación, Benedit habla de cargos inventados y describe los juicios por crímenes contra la humanidad como una farsa. Según el diputado, los jueces «fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio». En ese sentido, propuso denunciarlos públicamente y ante el Consejo de la Magistratura.
Benedit estuvo el mes pasado visitando a los represores en Ezeiza, confió una fuente al tanto de los encuentros. Cuando se fue, se comprometió a volver con otros diputados que abogan por la libertad de los genocidas presos.
La excursión a Ezeiza contribuyó al malestar dentro del ya tensionado bloque de LLA en Diputados. Hay quienes maldicen la iniciativa de Benedit porque les parece demasiado extremo ir a verse con Astiz, la cara más conocida del genocidio. «Todos tienen que tener juicio justo y tantos años sin condena es una injusticia, pero Astiz es un asesino condenado. Es demasiado temerario», se sinceró una legisladora.
En la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem no escondía su fastidio con el diputado entrerriano por traerle un nuevo dolor de cabeza. La apuesta del riojano es que el escándalo se diluya solo, aunque todo parece conspirar contra sus deseos.
Un cara a cara con los genocidas
Los diputados habrían estado con Astiz y otros represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda. La versión también indica que también estaban Honorio Carlos Martínez Ruiz –uno de los agentes de la SIDE que actuó en Automotores Orletti–, el uruguayo Manuel Cordero Piacentini –condenado por el Plan Cóndor– y el exBatallón 601 Raúl Guglielminetti.
En Ezeiza también están alojados otros represores de la Marina: Ricardo Cavallo, Jorge Radice y Alberto González –a quien Cecilia Pando le atribuyó ser el ghostwriter de Villarruel. Otras fuentes confirmaron el vínculo entre el represor –un historiador de la Armada– y la actual vicepresidenta e incluso relataron que ella lo visitaba cuando estaba internado.
Hay otro detenido en el penal que está relacionado con Villarruel: el exoficial de inteligencia del Ejército Marcelo Cinto Courtaux, condenado por las desapariciones de militantes montoneros que volvieron en la Contraofensiva. El hijo homónimo del genocida era uno de los asesores de la actual vice cuando ocupaba una banca en la Cámara de Diputados.
El encuentro tuvo lugar después de que Lucrecia Astiz, hermana del exmarino, reclamara la libertad de los criminales de lesa humanidad. El 20 de junio, la activista había publicado una carta en el diario La Nación quejándose por la falta de medidas por parte del gobierno de Milei y Villarruel.
No es la primera visita que desde LLA les hacen a los condenados por crímenes contra la humanidad. En marzo, este diario reveló que Luis Petri había mandado a sus funcionarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo. La comitiva entonces estuvo encabezada por Lucas Miles Erbes, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Se había entrevistado, entre otros, con Julio Simón –conocido como el “Turco Julián” y con Juan Daniel Amelong, el represor a quien Villarruel presentó como una víctima en el debate que mantuvo con Agustín Rossi antes del balotaje.
La diputada Ferreyra ya había estado también en la U34 con anterioridad. Había ido de visita con la Unión de Promociones (UP). Ese grupo fue el primer grupo en pedirle públicamente a Milei una “solución definitiva” para los represores presos. En ese momento, habían canalizado su solicitud a través del diputado Facundo Correa Llano.
Repudio de los sobrevivientes
La Asociación Víctor Basterra, de sobrevivientes y testigos de la ESMA, expresaron su rechazo a la visita de los diputados. «En un hecho inédito en más de 40 años de democracia, representantes elegidos por el voto popular, visitan a genocidas condenados por haber cometido todo tipo de delitos (secuestros,desapariciones, torturas, violaciones, asesinatos, robo de bebés, apropiación de bienes, etc), imprescriptibles por ser de lesa humanidad», denunciaron.
«Así como en los noventa, la actual Vicepresidenta de la Nación organizaba tours para visitar a Videla, preso en su domicilio, hoy, algunos integrantes de su lista de diputados, visitan en la cárcel a los peores genocidas, con el objeto de llevarles apoyo y definir estrategias para su liberación», añadieron.
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