Lourdes Arrieta reveló parte de la trama que busca que los represores de la última dictadura vuelvan a sus casas. Desde los organismos de derechos humanos denuncian que hay un plan de impunidad en marcha. La novedad es que en los últimos días se hizo foco desde la Casa Rosada y los aliados en el rol de Victoria Villarruel, que sigue sin pronunciarse acerca de la suerte de los seis diputados que el 11 de julio pasado visitaron a Alfredo Astiz y compañía en el penal de Ezeiza.
A partir de los chats que Arrieta publicó en redes sociales y los que aportó en la justicia federal de Lomas de Zamora, Página/12 trazó una cronología de los pasos que se fueron dando en los últimos meses para favorecer a los detenidos por crímenes de lesa humanidad o para entorpecer la búsqueda de justicia.
En todo este tiempo se discutieron iniciativas para poner límites temporales a las investigaciones o para lograr el arresto domiciliario de los represores. Se trata de un universo reducido: hay 636 personas detenidas por crímenes contra la humanidad, pero solo 118 lo están en unidades penitenciarias, según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
5 de diciembre de 2023: El senador del PRO José Torello presentó dos proyectos para limitar el tiempo de las investigaciones y para garantizar que la domiciliaria sea automática a los 70 años. Según relatan los abogados María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, ésta sería una iniciativa que ellos le acercaron a quien fue el jefe de asesores de Mauricio Macri y compartía oficina con el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
10 de diciembre de 2023: Asume el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
11 de diciembre de 2023: Saint Jean y Olea piden que la Cámara de Casación haga un plenario –una reunión de todos sus integrantes– para fijar un criterio sobre la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años. El pedido se hizo en el caso de Diego Chemes, represor que actuó en el centro clandestino conocido como El Vesubio.
19 de diciembre de 2023: El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue de visita a la Cámara Federal de Casación Penal. Ese día naufragó un intento de llevar el tema de las domiciliarias a un plenario por la oposición del juez Guillermo Yacobucci, que dijo que ni él ni sus colegas de la Sala II, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, estaban de acuerdo. A la salida de su encuentro con los camaristas, Cúneo Libarona declaró: “Dentro de los nuevos derechos, me interesan muchísimo los de las personas mayores”.
9 de febrero de 2024: La Asociación Abogados Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica –creada después de que fracasó el intento del 2×1 de la Corte que beneficiaba a los detenidos por lesa humanidad– le pidió a la Casación que la escuchara.
21 de febrero de 2024: El cura Javier Olivera Ravasi entra en acción. Es un influencer de la ultraderecha que es hijo del represor Jorge Olivera, que había sido noticia días antes porque el 3 de febrero hizo un fiestón para celebrar sus 50 años de casado. Ese día, Olivera Ravasi creó un grupo llamado “comida informal con Padre Javier por milit”.
23 de febrero de 2024: El sacerdote Olivera Ravasi agrega a Arrieta al chat. Allí estaban otros diputados de LLA, Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, María Emilia Orozco, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Carlos Zapata. También participaban, según surge de la información que aportó Arrieta, el exjuez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi y los abogados Olea, Saint Jean y Enrique Munilla. Hay un usuario cuyo nombre figura como Edgard. Posiblemente se trata del letrado Edgardo Frola. Riggi, Munilla y Frola son cercanos a Jaime Lamont Smart, exministro de gobierno bonaerense durante la dictadura. De hecho, Munilla comparte con el grupo textos que escribió Smart –que concentra más de media docena de prisiones perpetuas por su rol en el terrorismo de Estado– en los que ataca las causas por lesa humanidad.
7 de marzo de 2024: Dos funcionarios de Defensa, Guillermo Madero y Lucas Miles Erbes, van a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Reciben reclamos e iniciativas de represores –entre ellos un decreto para que ninguna investigación pueda exceder los 25 años.
11 de marzo de 2024: Olivera Ravasi avisa que el diputado Benedit habló con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable del Servicio Penitenciario Federal (SPF), para que “se facilite el ingreso sin inconvenientes”.
12 de marzo de 2024: Olivera Ravasi envía una nota de Página/12 y se queja de que la Corte está revocando prisiones domiciliarias.
Marzo de 2024 (sin fecha visible): Benedit escribe en el grupo que mantuvo una charla con el director del SPF, Fernando Martínez. “Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión. Nos facilitará el ingreso a los penales el viernes. Confirmamos asistencia para pasar datos mañana si les parece”, detalló. Benedit impulsaba ir el 15 de marzo a la Unidad 34 de Campo de Mayo y después a la exUnidad 31 de Ezeiza, donde están alojados los detenidos por crímenes contra la humanidad.
14 de marzo de 2024: Se concreta la primera reunión del grupo en Montevideo 871, sede de la fundación San Elías de Olivera Ravasi. Ese día no funcionaba el timbre, por lo que los asistentes fueron avisando en el chat de su llegada. Estuvieron, entre otros, los abogados Olea y Saint Jean y los diputados Ferreyra Ugalde, Benedit Orozco, Santurio y Montenegro. Según surge de un mensaje también habría participado la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. En el encuentro trataron las iniciativas sobre el plazo razonable. Ferreyra Ugalde y Benedit se comprometieron a acercarle el planteo a Javier Milei (dice “JM” en el chat).
15 de marzo de 2024: Benedit y Ferreyra Ugalde visitan la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados represores como el capellán Christian Von Wernich, Julio Simón o Juan Daniel Amelong.
16 de marzo de 2024: Benedit informa que estuvo en la guarnición militar en su cuenta de Instagram. Ante el mensaje de la hija de un detenido responde que trabajan por la “pronta liberación de todos los detenidos”.
20 de marzo de 2024: La abogada Olea crea otro grupo de WhatsApp. Lo llama “proyectos decret”. Participan: Ferreyra Ugalde, Benedit, Zapata, Gerardo Huesen, Montenegro, Araujo, Mayoraz, Olivera Ravasi y Riggi.
22 de marzo de 2024: La Cámara de Casación rechaza el pedido de Olea y Saint Jean de hacer un plenario para tratar la domiciliaria de los mayores de 70.
24 de marzo de 2024: Marcha por los 48 años del golpe de Estado. El gobierno lanza un video con el que pone en duda el número de los desaparecidos.
28 de marzo de 2024: Luis Petri desarma los equipos que relevaban documentación en poder de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa. Era un pedido de abogados defensores e imputados.
20 de abril de 2024: Segunda reunión. Olivera Ravasi pasa a buscar a los diputados por el Congreso con su auto.
21 de mayo de 2024: Tercera reunión. Se hace vía Zoom.
26 de mayo de 2024: Bullrich anuncia que no entregará los legajos que le pidieron desde la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para ayudar a la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura.
5 de julio de 2024: Olivera Ravasi envía una nota de Página/12 que lleva como título “Malas noticias para Villarruel”. A partir del intercambio proponen pedir el juicio político de los camaristas Slokar y Ledesma. Ravasi se ofrece a hacer de nexo con Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura.
9 de julio de 2024: Milei y Villarruel se suben a un tanque de guerra en el desfile por el Día de la Independencia.
10 de julio de 2024: Benedit pide una camioneta al Congreso. Dice que viajarán entre cinco y ocho diputados.
11 de julio de 2024: Seis diputados de LLA –Benedit, Montenegro, Ferreyra Ugalde, Araujo, Arrieta y Rocío Bonacci– visitan a los represores presos en el penal de Ezeiza. Se fotografían con ellos. Uno de ellos, Raúl Guglielminetti, les habría dado un papel con iniciativas para lograr la prisión domiciliaria.
13 de julio de 2024: Benedit crea un grupo de WhatsApp llamado “Visita”. Participan todos los diputados menos Bonacci. Allí discuten el comunicado para dar a conocer su excursión al penal. Montenegro envía un texto en el que reclaman la prisión domiciliaria de los detenidos y que se revisen sus causas.
16 de julio de 2024: La visita sale a la luz a partir de una nota de La Política Online. En el chat, Montenegro dice que el Poder Ejecutivo le pidió que no subieran el comunicado.
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