Armas «menos letales» para impedir protestas  | Informe del Cels y la ONG Temblores

En Argentina, desde la asunción de Javier Milei, las fuerzas de seguridad hirieron a 120 manifestantes al reprimir protestas callejeras. Tres de ellos sufrieron la pérdida de visión en uno de sus ojos, porque los efectivos les dispararon con balas de goma a la cara. El dato figura en el informe “De pies a cabeza”, un relevamiento sobre el uso de armas menos letales (gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes), en América Latina, realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) junto a la ONG colombiana Temblores. El informe advierte que el consenso en torno a que estas armas son “menos letales” no permite discutir que están siendo utilizadas de manera abusiva y criminal por las fuerzas policiales.

«En nuestra región crece la tendencia a considerar las protestas como delitos y a los manifestantes como terroristas. Esto es una forma de justificar el uso indiscriminado de las armas menos letales. Al mismo tiempo, la presencia en las calles de quienes protestan resulta esencial en el contexto político que atravesamos, para evitar que se aplasten los derechos de las mayorías», señaló Victoria Darraidou, del CELS, sobre el informe.

El informe fue presentado en un encuentro que se realizó en el teatro porteño Picadero y puede ser consultado en línea. Junto a la integrante del Cels estuvieron en la presentación Alejandro Rodríguez, de Temblores, Gina Romero, relatora de libertad de reunión de ONU, Felipe González de la Oficina Regional del Alto Comisionado de ONU y Matías Aufieri, del Ceprodh.

“De pies a cabeza” describe las armas “menos letales” que se están usando en la región: balas de goma o plástico, sacos de balines, perdigones, balas metálicas recubiertas de goma o con punta de poliuretano. Entre los agentes irritantes hay los aerosoles, proyectiles y granadas conocidos como gases lacrimógenos o gas pimienta. El agua que tiran los hidrantes ha sido mezclada en oportunidades con sustancias irritantes.

Uno de los usos criminales de estas armas por parte de las fuerzas de seguridad es la práctica de disparar a los ojos. El abogado Matías Aufieri, presente entre quienes presentaron el informe, perdió la visión de un ojo en febrero pasado, cuando manifestaba contra la ley Omnibus frente al Congreso y un efectivo le disparó a la cara.

“Se usa hablar de armas no letales para bajarle el precio al daño que pueden ocasionar. Como en teoría no son armas que matan, las fuerzas represivas las usan libremente sin que se les impongan controles”, indicó.

En Colombia fueron documentados 103 casos de daños oculares, ocurridos tan solo durante la represión del estallido social de 2021. En Chile, cuando los carabineros actuaron contra las protestas de 2019, el número de víctimas fue aún más alto, de 460 casos.

Un elemento a tener presente es que las fuerzas de seguridad actúan según cuál sea el discurso político de los gobiernos: no dispararían a los ojos si antes, desde los gobiernos, no estigmatizaran a los manifestantes como “delincuentes” o “terroristas”.

Remarca el informe: “La lógica de disparar contra áreas vulnerables, como la cabeza y los ojos de lxs manifestantes, se fundamenta en la concepción de neutralizar a un “enemigo” de manera rápida y efectiva. Esta convivencia articulada entre funcionarios políticos —que criminalizan y construyen una idea de que quien protesta es delincuente— y los cuerpos policiales —que se encargan de disparar deliberadamente hacia los ojos de los manifestantes— viola por completo los preceptos internacionales y nacionales sobre el uso de la fuerza, que debe ser proporcional, necesaria y legal”.

También los gases lacrimógenos, considerados “menos letales” pueden provocar daños graves. Recordemos el caso de Carlos Fuentealba, que falleció por las heridas que le provocó el impacto de un cartucho de gas, tirado a corta distancia por la policía de Neuquén mientras participaba de una protesta docente. Otro elemento de riesgo es el uso de gases vencidos, más frecuente de lo que se cree.

Un tema poco conocido aún es el negocio de este tipo de armas, que en su mayoría provienen de empresas norteamericanas, pero que también se están fabricando en Brasil. Su compra y venta, así como su uso, depende de la legislación de cada país. En general su comercialización no tiene los controles a los que están sometidas las armas de fuego, ni hay una trazabilidad de los productos.

Además, los países se las están “prestando” entre sí. “Hay múltiples investigaciones que muestran que entre 2019 y 2023 hubo préstamos de armas menos letales entre países. ¿por qué sucedió? Cuando eres un país que enfrenta protestas, puede ser que tus armas se te terminen o que la orden de compra no llegue a tiempo; entonces, entre cancillerías e inclusive entre policías se solicitaron y enviaron armas. El problema es que estas armas no tienen un protocolo de comercialización, y deberían tenerlo porque terminan mutilando personas e inclusive provocando muertos. También ocurre que cuando un país tiene que devolver a otro las armas que recibió en préstamo, como ya las usó compre otras, a otros proveedores, y devuelva armas que no cumplen con los requisitos de calidad requeridos. Se pierde su trazabilidad. Hay investigaciones periodísticas que mostraron que Colombia, por ejemplo, prestó armas menos letales a Argentina, un stock que no fue utilizado para las necesidades con las que estas armas fueron compradas originalmente, y también se las prestó a Bolivia, que las usó en una grave represión a la protesta”, contó Gina Romero.

La trazabilidad en el uso de las municiones, es decir, identificar qué comandos de policía hicieron uso de qué municiones en qué contextos, es necesaria para identificar presuntas violaciones a los derechos humanos, usos por fuera de los protocolos o fallas en el armamento; pero en la actualidad no se implementa.

“Hablamos mucho de las armas menos letales, pero poco de sus impactos: faltan protocolos y capacitación de las fuerzas policiales», añadió la relatora de libertad de reunión de la ONU. Para Romero, es necesario abrir una discusión pública sobre qué está permitido, sobre cómo se deben usar estas armas y, especialmente, sobre cómo no pueden ser usadas.