Javier Milei se prepara para volver al pasado con la reforma de los servicios de inteligencia. En el gobierno dicen que ya está listo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y que podría conocerse en los próximos días. De ser así, coincidiría con el 30º aniversario del atentado a la AMIA, cuya investigación se vio empantanada, en gran parte, por el rol que jugaron los organismos dedicados al espionaje.
Milei lleva siete meses en el gobierno, y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –siempre generosa en escándalos– tuvo su momento de gloria. El primer gran cambio en el elenco oficial fue la salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que había trabado una amistad con el Presidente cuando ambos trabajaban para la Corporación América. Posse fue expulsado del gobierno con graves acusaciones: en off the record se decía que el funcionario había mandado a espiar a algunos de los integrantes del círculo íntimo del primer mandatario. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se habría sorprendido cuando Posse le deseó suerte en un viaje a Uruguay que ella no había compartido con su entorno, publicó Clarín. Las presuntas víctimas de la vigilancia ilegal podrían haber sido, según las versiones, la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor todoterreno Santiago Caputo.
La salida de Posse del Gabinete significó la renuncia a la conducción de la AFI de su delfín, Silvestre Sívori, un abogado joven que venía del mundo PRO y que había trabajado con Guillermo Dietrich. Caputo tomó los recaudos para poner en la dirección del organismo a alguien que le responda, Sergio Darío Neiffert, un hombre sin credenciales en la materia y que venía del riñón del exintendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino. El atributo más importante de Neiffert es la confianza que sienten por él los Caputo. De hecho, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, lo había mandado como representante del Poder Ejecutivo a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
Las versiones dicen que fueron Neiffert y su equipo –que no se sabe por quién está integrado– quienes trabajaron en la reforma de la Agencia que se conocerá por DNU. El cambio más notorio –y posiblemente provocador– es que todo indica que volvería a llamarse SIDE. La sigla corresponde a Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En el imaginario social, son los sótanos de la democracia.
La SIDE fue, por ejemplo, la que le pagó 400.000 dólares a Carlos Telleldín para involucrar con su declaración a un grupo de policías bonaerenses en el atentado contra la AMIA y, de esa forma, desviar la investigación. Esa parte de la trama quedó acreditada por la justicia argentina. El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a la Argentina por la impunidad que rodeó al ataque a la AMIA en una denuncia que impulsó Memoria Activa. El tribunal regional fue lapidario sobre el rol de la SIDE. “En el presente caso quedó establecido que uno de los principales obstáculos para la debida investigación del atentado y del encubrimiento fue la manipulación de información producto de actividades de inteligencia”, sostuvo.
La SIDE, como tal, dejó de funcionar en 2001, cuando se aprobó la Ley de Inteligencia (25.520). Esa normativa es parte del consenso democrático que incluyó la ley de Defensa Nacional –promulgada durante el gobierno de Raúl Alfonsín– y la ley de Seguridad Interior –aprobada durante la administración de Carlos Menem.
Desde 2001 a 2015, existió la Secretaría de Inteligencia (SI). Ese año –y tras la muerte del fiscal Alberto Nisman–, Cristina Fernández de Kirchner impulsó una nueva reforma, que dio origen a la AFI –que perdió, por ejemplo, el manejo de las interceptaciones de las comunicaciones.
El segundo gran cambio que se propone la gestión Milei es que la AFI quede dividida en tres áreas: la que se ocupa de cuestiones externas, la que se ocupa de cuestiones internas y la que se dedica al control o la auditoría, según comentaron fuentes. Lo que se propone es dejar atrás el modelo “funcional” de funcionamiento. Es decir, la Secretaría no estaría ya organizada en torno a lo que es la reunión de inteligencia, el análisis y las operaciones.
La auditoría o inspectoría buscaría canalizar las denuncias internas por el mal funcionamiento de la Agencia. En general, siempre funciona algo parecido a Asuntos Internos. En el macrismo, Gustavo Arribas había puesto a un amigo. Esa situación surgió, por ejemplo, cuando algunos agentes de peso fueron convocados a declarar a la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI). Tal fue el caso del exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste, que denunció una serie de irregularidades –e ilegalidades– de la gestión de Cambiemos cuando testificó. Cuando le preguntaron por qué no lo había dicho antes, respondió que porque él iba a necesitar la autorización de Arribas para hablar porque a los agentes los rige el secreto.
“Lo más importante es el control parlamentario”, responde alguien que espera conocer la letra de la reforma. La CBI no está conformada. En la última semana –después de que Milei y Victoria Villarruel sellaran la paz a bordo del tanque de guerra en el que desfilaron– hubo movimientos para acelerar su conformación. Como publicó Página/12, se debió, en gran parte, a que el diputado Leopoldo Moreau (UxP) –presidente de la CBI hasta el año pasado– formó un sumario de investigación sobre Patricia Bullrich a partir de las declaraciones de dos personas que fueron detenidas en la represión del 12 de junio y a quienes se interrogó dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) –que depende del Ministerio de Seguridad– acerca de su militancia o ideología.
Hubo especulación sobre si habría un organismo que aglutine a la AFI con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de Seguridad y con la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Las fuentes dicen que se buscará que el sistema funcione coordinadamente, pero descartan algo parecido a una fusión.
La inteligencia son los “fierros”. Es improbable que Bullrich, por ejemplo, quiera cederle terreno a quien maneja la AFI –que es el organismo central del sistema de inteligencia. Con Posse y Sívori, la ministra entró en una competencia por la relación con la Central de Inteligencia norteamericana (CIA) –con la que Seguridad no tendría que tener vínculo directo porque la ley establece que ésa es una competencia de la AFI.
En los últimos días trascendió que habían tentado a Juan Bautista “Tata” Yofre con hacerse cargo de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Yofre fue el jefe de la SIDE durante la presidencia de Carlos Menem, a quien Milei considera un “prócer”. Durante su gestión, volvieron los militares al edificio de la calle 25 de mayo. Llevó, por ejemplo, a Carlos Alberto Martínez –el hombre fuerte de la inteligencia de la dictadura– a hacerse cargo de la ENI.
Yofre fue una de las voces elegidas por la Casa Rosada para el video que lanzó para el 24 de marzo. Fue el periodista quien apuntaló la idea de que hay un “curro” detrás de la lucha por los derechos humanos. Dentro de los organismos, hay preocupación por los archivos de la SIDE –que se sabe que están y que, en algunos casos, llegaron a manos de los jueces que investigan causas de lesa humanidad. Alejandrina Barry, la dirigente del PTS cuyos padres fueron asesinados por la dictadura, pidió al juez Sebastián Casanello que ordene la preservación de los documentos.
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