viernes, enero 27

cómo impactó en la agenda legislativa



En el Congreso se presentaron 23 proyectos relacionados con el intento de magnicidio, entre ellos un pedido de juicio político contra Aníbal Fernández

El ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre pasado, tensó en su  momento la relación entre el oficialismo y la oposición, con acusaciones cruzadas y chicanas. Pero el hecho, que no deja de ser condenable, abrió un amplio abanico de reacciones de los diputados y senadores que quedó reflejado en la variedad de proyectos presentados en relación al intento de magnicidio.

A dos meses del intento de magnicidio contra la ex Presidenta resultan curiosos algunos datos que arroja un análisis realizado sobre el impacto que tuvo el ataque en la agenda legislativa desde aquella noche en que el joven Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces a centímetros de la cabeza de Cristina en momentos que saludaba a la militancia frente a su domicilio en el barrio de Recoleta.

Según un relevamiento realizado por la ONG «De qué se trata», entre el 2 y 30 de septiembre se presentaron 23 proyectos legislativos con referencias directa o indirecta al atentado. El detalle es que la mayoría de estas propuestas se presentaron durante la primera semana posterior al ataque y después el caso fue perdiendo interés entre los legisladores.

Puntualmente, de los 23 proyectos que ingresaron al Congreso vinculados con el intento de magnicidio, 19 se formalizaron en la primera semana, en su mayoría se trata de proyectos de resolución (12 de los 23), entre los cuales hay cinco pedidos de informes y un pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, impulsado por la diputado Mónica Frade, que tuvo el acompañamiento de todos sus compañeros de la Coalición Cívica como de algunos legisladores de Pro.

En la presentación, los diputados de la oposición acusaron al ministro de «mal desempeño» en sus funciones. «El mal desempeño del ministro es inocultable e ineludible, por cuanto solicitamos este pedido de juicio político», se fundamentó en la propuesta.

Del total de iniciativas, sólo tres fueron presentados como proyecto de ley y uno de ellos, impulsado por Estela Hernández (Frente de Todos – Chubut), promovía instituir el 2 de septiembre de cada año como el «Día Nacional de Reflexión sobre la Violencia Política» en relación al repudiable intento de magnicidio ocurrido contra la vicepresidenta.

En los fundamentos, la diputada apuntó que aquel ataque «no fue un hecho aislado, sino que fue consecuencia de la violencia digital, simbólica y política que se perpetra desde hace años de manera sistemática y estructural en contra de la actual vicepresidenta». Tal como se replicó aquellos días desde el kirchnerismo se acusó a los medios y a la oposición política de buscar «instalar la eliminación del adversario político como solución republicana».

Otro de los proyectos fue firmado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT) y promueve una modificación del Código Penal para incorporar la figura de «magnicidio y crímenes por razones de odio político», con una pena de reclusión perpetua o prisión perpetua.

El tercer proyecto de ley fue impulsado por la camporista Marisa Uceda, diputada por Mendoza, quien también propone modificar el Código Penal para castigar aquellos actos de «promoción, divulgación o difusión, a través de medios digitales, soporte papel o en discursos públicos» que inciten al «odio contra un grupo». Sin embargo, el proyecto más llamativo es el presentado por Lisandro Bormioli, dirigente de La Cámpora, quien​ propone declarar de interés el accionar de los hombres que “salvaron” a la vicepresidenta «reteniendo a su agresor de manera pacífica».

De los 23 proyectos que se impulsaron en el Congreso vinculados de alguna manera con el ataque a la vicepresidenta, 13 fueron elaborados y promovidos por un diputado o senador no oficialista.

Y lo curioso de este análisis es que Gerardo Milman (Juntos por el Cambio) presentó el día anterior al atentado contra la vicepresidenta un pedido de informe al Ejecutivo para que detalle sobre las medidas destinadas a garantizar la protección y custodia del Presidente, Vice y ex mandatarios.

El diputado quedó recientemente en el ojo de la tormenta luego de que el kirchnerismo hiciera abrir un legajo reservado en base al testimonio de un empleado del Congreso a la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. De acuerdo a lo sostenido por el testigo, Milman “tenía conocimiento” de la preparación del fallido atentado a la vicepresidenta.

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