En Juntos por el Cambio analizan impugnar a la jueza de Casación, afín a los relatos cristinistas del lawfare.
El Senado ya tiene en sus manos el pliego de la jueza Ana María Figueroa enviado por el presidente Alberto Fernández para que la magistrada continúe en la Cámara Federal de Casación después de cumplir los 75 años, en agosto. No es cualquier Tribunal: es el que debe votar si reabre la causa Hotesur-Los Sauces contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Sin mayoría propia, el oficialismo necesita aliados para conseguir su aprobación en el recinto. Pero antes, debe darle luz verde en la comisión de Acuerdos que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti.
Desde su despacho no responden cuándo planean darle tratamiento. Sin embargo, dado los tiempos que lleva este tipo de procesos -que incluyen posibles impugnaciones y audiencias a los candidatos- se calcula que no será antes de junio.
La oposición observa con desconfianza y no descarta impugnar a la magistrada por «imparcialidad».
En ese sentido, señalan decisiones judiciales suyas que resultaron beneficiosas para el kirchnerismo y declaraciones contra el gobierno de Mauricio Macri. Figueroa acusó al macrismo de haberla presionado y dijo haber sido víctima del «lawfare» por los pedidos de investigación presentados en su contra en el Consejo de la Magistratura.
Ese mes participó de un encuentro de juristas en el Vaticano en el que denunciaron el lawfare junto a otros magistrados, entre ellos el ex juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, Andrés Gallardo y la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley. Se esperaba su llegada para que decida sobre la causa Hotesur-Los Sauces, que ya tiene los plazos vencidos.
Su voto es el único que falta en esa causa por lavado para determinar si quedará firme el sobreseimiento de la vicepresidenta y sus hijos sin juicio oral o si se revoca la decisión y llama a juicio. Los otros dos jueces que definen son Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.
Por este motivo la abogada Silvina Martínez, cercana a la oposición, la denunció en el Consejo de la Magistratura. La acusa de «retener la causa Hotesur-Los Sauces» con el «claro propósito de obtener el beneficio de continuar en el cargo una vez cumplidos los 75 años».
Buscando votos
En el Senado, el oficialismo tiene mayoría en la comisión de Acuerdos para darle aval a los pliegos, pero no le alcanza para someterlo a votación en el recinto. El Frente de Todos tiene 31 votos propios, se puede extender a 34 con aliados. Pero la mayoría simple se alcanza con 37. Si Juntos por el Cambio no acompaña, necesita sí o sí de la ayuda del bloque Unidad Federal, de 5 miembros, conducido por el jujeño Guillermo Snopek.
«Llama la atención que en el paquete de pliegos que ingresó hay 7 designaciones para Jujuy», deslizan desde JxC, aunque descreen que esa bancada acompañe al Frente de Todos. Al menos no en su totalidad.
También señalan la veintena de designaciones para juzgados de la Ciudad de Buenos Aires. «Antes de irse quieren dejar la Justicia minada de gente suya», apuntan.
La Constitución establece que pedir la continuidad de un juez en el cargo después de los 75 años es una decisión del Presidente y que requiere un acuerdo como cuando fue nombrado. Es decir, mayoría simple del Senado. La renovación se da por cinco años, aunque el trámite después se puede repetir por otros cinco.
Recientemente, Eduardo Riggi otro juez de Casación que estaban en la misma situación, se vio obligado a retirarse porque no recibió el aval del Presidente para un nuevo nombramiento. En 2021 le ocurrió lo mismo a Liliana Catucci, una de las juezas históricas de la Cámara Federal de Casación Penal.
El pliego ingresó en la sesión del 13 de abril. El gobierno agregó el de Figueroa sobre el filo de esa sesión. Llegó junto a un paquete de más de 40 designaciones jueces, defensores y fiscales. Entre ellos, también fue girado el de Ana Clara Alberdi, quien fue designada como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia luego que Agustín Rossi asumiera como jefe de Gabinete.