martes, febrero 7

El gobierno convoca a una nueva mesa de diálogo con referentes mapuches | Con el foco en Villa Mascardi se reúne el 11 de enero



No hubo fin de año sin presas políticas en la Patagonia. En Río Negro siguen con prisión domiciliaria las cuatro mujeres mapuches detenidas el 4 de octubre luego del violento desalojo de su comunidad en Villa Mascardi. Su encarcelamiento fue uno de los motivos principales del encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández el 14 de diciembre en la Casa Rosada, del cual surgió el compromiso oficial de conversar con Parques Nacionales para que el conflicto judicial tenga una solución política. Ese organismo oficial es querellante en la causa por la cual los integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu están imputados, algunos con pedido de captura. La predisposición del gobierno a mediar en el conflicto viene colisionando con la ausencia, cuando no con un boicot, de algunos de sus protagonistas.

Betiana Colhuan (la machi-sanadora), Luciana Jaramillo, Romina Rojas y Celeste Guenumil, serán juzgadas en febrero en la causa por usurpación de las tierras de Parques Nacionales, salvo que la segunda mesa de diálogo logre que el organismo desista de su acusación. La reunión que había sido convocada para el 28 de diciembre pasó finalmente para el 11 de enero, y tendría lugar en la secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular Horacio Pietragalla participó del primer encuentro, cuando le pidieron al Presidente que anule el decreto que creó el Comando Unificado de fuerzas federales: es decir un comando de uniformados que protagonizaron el desalojo de octubre. En la próxima reunión deberían estar presentes, además del presidente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) Alejandro Marmoni, el titular de la cartera de Ambiente, el área de la que depende Parques. 

Un sector de los vecinos de Mascardi, nucleado en la agrupación Consenso Bariloche y en la Sociedad de Fomento de esa localidad, aduce no haber sido convocado a la mesa de diálogo. Tampoco fue confirmada la presencia de alguna autoridad del gobierno de Río Negro. Organismos de derechos humanos, como la APDH, y legisladores cuestionaron que la gobernadora de esa provincia, Arabela Carreras, haya firmado un acuerdo de intercambio de información confidencial con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. «Le exigimos a la ministra de seguridad y a la gobernadora Carreras que brinden explicaciones y anulen de manera urgente la firma del convenio entre la provincia de Río Negro y el ministro porteño que pergeñó el armado de causas y el invento de pruebas junto a jueces y fiscales», escribió el senador justicialista Martín Doñate en su cuenta de Twitter.

En tanto, en la causa que mantiene a las mujeres bajo arresto domiciliario en una casa en Bariloche, los abogados de La Gremial que las defienden recusaron a la fiscal federal María Cándida Etchepare por falta de objetividad, pero el juez Hugo Greca rechazó el planteo. «El Presidente nos dice a nosotros una cosa, pero en el expediente judicial los abogados de Parques y de la Policía Federal cierran filas con la Fiscal en todo. Y pelean como leones para que el juicio se haga rápido. El abogado de Parque y el de la Federal responden a lo peor de la derecha y no les importa lo que el Presidente hable con las comunidades, ellos siguen adelante a degüello», expresó el abogado Eduardo Soares. En particular acusan a Etchepare por las graves violaciones a los derechos humanos que padecieron las mujeres mapuches al momento de su detención, lo cual fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«Una de las cuestiones que se discute es el acceso a la salud, que implica el trabajo que hace la machi, que sana espiritualmente, con el lawen (medicina mapuche, en base a hierbas curativas)», expresó Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro . «Es parte de nuestro propio sistema de salud, que está contemplado en los derechos internacionales, por eso entendemos que el acceso a ello es una obligación del Estado; para muchas familias que se atendían con la machi y hoy no pueden acceder a su tratamiento es algo que en la actualidad está cercenado; eso está generando complicaciones en muchas comunidades», agregó.





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