viernes, enero 27

«Golpean las puertas del Poder Judicial como antes, las de los cuarteles militares»



El ministro del Interior, voz de La Cámpora y el kirchnerismo duro en el Gabinete, acusó a los jueces del máximo tribunal de buscar «cómo limitar y condicionar» el sistema democrático.

Eduardo «Wado» de Pedro, ministro del Interior, cuestionó a la Corte Suprema por el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación y fue al límite de equipararla a los «cuarteles militares», en una referencia directa a la dictadura militar.

«Buscan cómo limitar y condicionar este mecanismo de propuestas donde la gente elige cada cuatro años», dijo el militante de La Cámpora más encumbrado en el Gobierno y referente en el Gabinete de la vicepresidenta y el kirchnerismo duro.

E, involucrando en su tesitura a la oposición, se despachó: «No puede ser que si se pierde una discusión en el Congreso vayan a golpear las puertas de los cuarteles del Poder Judicial como antes golpeaban los cuarteles militares«. Fue en un acto en la misma Casa Rosada para la entrega de equipos al Renaper, minutos después de que el Presidente se reuniera con los gobernadores.

Además, durante su ponencia -compartida con otro alfil de Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof-, De Pedro sostuvo que con el resultado de las elecciones del 2019 se optó por un “gobierno federal” y que “el pueblo en el 2019 dijo que ‘no’ a la concentración de recursos en la ciudad más rica de la Argentina». «Esa discusión se saldó en las urnas», conjeturó el funcionario camporista.

Y volvió a arremeter: «Hoy vemos cómo cuatro personas en la Corte, pueden más que el resultado de una elección”.

«Es imposible y no hace falta ser economista para entender que los recursos que van a algún lugar salen de otro. Es muy claro que se trata de beneficiar a una jurisdicción en detrimento de las otras«, dijo, por su parte, Kicillof.

El fallo de la Corte hizo lugar al reclamo del Gobierno de la Ciudad y estableció que la Nación debe transferirle un monto equivalente al 2,95% de los fondos coparticipables, los mismo que Alberto Fernández les había quitado tras un anuncio en pandemia.

Para mostrar poder, el presidente Fernández se reunió con 14 gobernadores para lanzar su estrategia de no acatar el fallo judicial por considerarlo «de imposible cumplimiento».

El Gobierno calificó como «inédito e incongruente el dictamen de la Corte y anunció la recusación de los jueces, en una enunciación no detallada para la práctica, más allá de enunciar que se buscará «presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada».

Algunos de los mandatarios provinciales que acompañaron al jefe de Estado plantearon la posibilidad de avanzar en un juicio político contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, que 24 horas antes fallaron por unanimidad. En contra partida, lo mismo evaluaron desde la oposición, como accionar contra el Presidente y los funcionarios que desoigan el fallo supremo.

Catarata de denuncias contra el Gobierno

Clarín pudo saber que Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica y de Juntos por el Cambio, hará una presentación judicial este viernes para denunciar a todo funcionario -incluido el Presidente- que se preste a no cumplir con lo determinado por el máximo tribunal.

La diputada Graciela Ocaña, integrada en el mismo espacio político, fue incluso más puntual y aportó nombres. Advirtió que «el kirchnerismo lleva al Gobierno Nacional a un estado de desobediencia que denigra las instituciones» y, ante ello anticipó que denunciará «a los funcionarios involucrados ante la Justicia, entre ellos al Ministro Massa y a Batakis que preside el Banco Nación«.

El anticipo de Ocaña va por quienes tienen la firma para actuar en pos de los dichos del Presidente: por ello habla del ministro de Economía y de su antecesora, que ahora tiene a cargo las cuentas oficiales desde donde deberían salir los fondos de vuelta hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Pero el abanico de acciones judiciales como respuesta opositora al desacato enunciado por Alberto Fernández no queda allí. El diputado radical Mario Negri ya anticipó que considera que el accionar presidencial «es pasible de juicio político«.

DS

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