domingo, septiembre 25

La defensora de los Niños de la Nación denunció recortes para la Ley Brisa y advirtió con denunciar a Sergio Massa



En el marco de las protestas que se llevan a cabo frente a Casa Rosada donde se denuncia un recorte de partidas para los tratamientos de personas que sufren discapacidades, la defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, denunció que desde el Ministerio de Economía también se recortaron fondos destinados a financiar la Ley Brisa desde la Secretaría de la Niñez.

La Ley Brisa fue aprobada en 2018 y dispone que el Estado brinde una reparación a hijos e hijas de madres víctimas de femicidios, por lo que niñas, niños, adolescentes o jóvenes cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su madre pueden cobrar hasta que cumplan 21 años el equivalente a una jubilación mínima y, en el caso de alguna discapacidad, de por vida.

En el marco de una exposición en la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, Graham sostuvo que hay «partidas faltantes” destinadas a financiar, entre otros programas, la Ley Brisa.

En ese sentido, adelantó que le enviaron una carta al ministro de Economía, Sergio Massa, donde le plantearon “con preocupación” el tema y pidieron que “se resuelva el mes que viene este presupuesto destinado a estos programas”.

Además de la Ley Brisa, Graham enumeró fondos para «los cuidadores y cuidadoras de los Centros de Desarrollo Infantil» y el «Plan de Adolescente de Egreso (PAE)», que catalogó como «lo mínimo» que se debe cubrir desde la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, cuyo presupuesto fue recortado.

Si le mes que viene ese presupuesto no está, iniciaremos la acción judicial que corresponda”, advirtió la defensora.

Desde la oposición se hicieron eco de la denuncia de Graham. El diputado de Juntos por el Cambio, Martín Maquieyra, comentó en su cuenta de Twitter: “El ajuste también afecta a los niños. En la Comisión de Familia recibimos a Marisa Graham, Defensora de los niños, niñas y Adolescentes, a quien le consultamos sobre los recortes en discapacidad y otros temas”. Y mostró el tramo de la exposición de la funcionaria en el que anticipó su denuncia.

También se pronunció su compañera de banca, madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once, María Luján Rey: “Cuando ajustan también van por todo… así es este gobierno… la secretaría de legal y técnica compra televisores pero no hay plata para pagar la Ley Brisa!!!”.

La denuncia de Graham sucede cuando desde hace días se repiten frente a la Casa Rosada las manifestaciones de familiares de personas en situación de discapacidad, transportistas, kinesiólogos, terapeutas, psicopedagogos, fonoaudiólogos y docentes con proclamas «para frenar el ajuste» en el área y exigir el pago de prestaciones atrasadas.

Los manifestantes alzaron la voz contra lo que consideran un «ajuste» del Gobierno nacional en las prestaciones para personas con discapacidad. Se leyeron banderas y carteles «contra el ajuste» y denunciando que el sector de «Discapacidad está en emergencia».

El recorte de partidas desde que asumió Sergio Massa el Ministerio de Economía se dio también en las carteras de Salud y Educación.

Reunión del PRO con ONGs en contra del recorte en Discapacidad

Más de 50 ONGs y federaciones que brindan servicios para personas con discapacidad se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación para pedir la intervención de los diputados nacionales frente a lo que denuncian un incumplimiento del Gobierno en todo lo vinculado al sistema de pago de las prestaciones para personas con discapacidad.

Los recibieron los diputados del PRO Victoria Morales Gorleri, Dina Rezinovsky, Silvia Lospennato, Mercedes Joury, Alejandro Finocchiaro, Maria Luján Rey y Soher El Sukaria, entre otros.

Dina Rezinovsky, diputada nacional y secretaria de la Comisión de Discapacidad de la Cámara, dijo que recibieron “el petitorio de las organizaciones que vienen luchando por sus derechos». «Pudimos escucharlos con el compromiso que lo venimos haciendo, comprometiéndonos a trabajar para solucionar tantos años de silencio en discapacidad”, apuntó.

Por su parte, Victoria Morales Gorleri afirmó: “Como bloque estamos muy preocupados por la situación que están atravesando las personas con discapacidad, tomamos este petitorio con compromiso y convicción porque sabemos que estamos en un estadio de crisis absoluta”.

“El Gobierno debe actuar ya e implementar políticas públicas serias, sostenibles y efectivas que resuelvan los problemas estructurales que impiden que las personas con discapacidad hagan realidad su deseo y ejerzan su derecho a vivir de forma independiente, digna y en pie de igualdad en la sociedad”, agregó.

Durante la entrega del petitorio, las organizaciones aseguraron que “las personas con discapacidad están solas«. «Estamos en estado de emergencia, hicimos silencio mucho tiempo y ahora estamos alzando la voz”, advirtieron.

Los impulsores del petitorio buscan que se regularice el circuito de pagos y que se establezca un parámetro objetivo y previsible para el aumento de nomenclador que actualmente va muy por detrás de la inflación.

También exigen que se clarifique y haga efectivo el circuito de pago para aquellas prestaciones que ha asumido la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para afiliados que no pertenecen a Incluir Salud, como es el caso de un sector de Pami.

Sostienen que esto último “resulta indispensable ante los rumores de que la ANDIS asumirá́ el control de los pagos de todas las prestaciones en discapacidad”.

Participaron representantes de la Federación Argentina de Organizaciones sin Fines de Lucro de y para personas con Discapacidad (FEDEDIS) e instituciones adherentes, entre ellos: Daniel Masuzzo y Marcela Kriskovich, de la Asociación de prestadores organizados; Mariel Postolow, de Fundación Solar de Integración; Fermín Murall, Fundación Nosotros; Mario Lovato y Melina Lovato, Creciendo con los Ángeles, entre otros.

DS





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