sábado, febrero 4

La tarea



La semana que pasó –confusa debido a fuertes presiones políticas en pugna– ocultó en parte, involuntariamente, la lucha de quienes siguen alarmados el festival de entregas y claudicaciones de Soberanía que sufre esta República.

«El Canal Magdalena va a conectar el sistema fluvial con el marítimo, aportando mejoras logísticas a todo el sistema y brindando posibilidades de desarrollo para el país. Es una obra prioritaria para la Subsecretaría», fue la frase de la semana, diríase, en boca del nuevo subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación, Patricio Hogan (santafesino de Casilda, proveniente del Frente Renovador), quien dijo que «hace poco el Estado tomó el control de la Vía Navegable» (acaso refiriéndose al río Paraná) y destacó «consensos» en el «Consejo Federal de la Hidrovía», como se insiste en llamar al Padre Río, lo que a estas alturas ya suena a provocación.

Pero así se autodefinen los dueños del agua (como los dueños de la tierra) en la sucesión de simposios, congresos y encuentros que no parecen tener otro objetivo que el de cerrar filas en contra de los intereses verdaderos de la República, hoy negados fácticamente mediante la ya maníaca parafernalia de eufemismos como «Concesiones Portuarias», «Transporte Multimodal» y «Consorcios de Gestión», vocablos cuya reiteración sólo apunta a seguir confundiendo a una sociedad a la que no se le quiere decir, claramente, que la República Argentina dejó de ser un país soberano en términos marítimos, fluviales, industriales y de exportación. Todo eso que alguna vez fuimos y que hizo la grandeza económica y social de esta nación hasta que el criminal bombardeo aéreo de 1955 sobre Buenos Aires inició la degradación política, económica, social y moral de esta Nación.

La reiteración de tanta sarasa conceptual, que procura convencer que los puertos son y serán «cada vez más eficientes» y «más competitivos para exportar» y que se dragará a conciencia –entre otros macaneos– son ya intolerables para quienes reclaman la recuperación incondicional de la soberanía marítima. Esa que le dio grandeza a este país, pleno empleo y educación, y una solvencia económica que es urgente recuperar en lugar de seguir vendiendo espejitos de colores como la recuperación de una industria naviera que se cacarea pero está en peligro de ser privatizada.

Todo eso prefigura, bajo la superficie, el confuso presente político, indefinido y enclenque por obra y ninguna gracia de la inacción gubernamental. Que, hay que decirlo, es cada día más peligrosa porque en los discursos de buenas intenciones casi nunca se nombra el vocablo clave del desastre argentino: Soberanía. Un concepto que define la línea urgente y necesaria para la recuperación de perspectivas propias en materia industrial y de comercio exterior y para recuperar nuestra moneda, alguna vez respetada en el mundo.

Tan cipayo es el presente que no hay intención ni conciencia de que ante previsibles desastres monetarios mundiales, cuando las potencias empiezan a darse cuenta de que el oro valdrá cada vez más que los dólares y euros, por lo menos se deberían regresar al país los lingotes de oro que Macri mandó a Inglaterra. Idea que acaso hoy no ha de pasar por la cabeza de ningún funcionario gubernamental.

No hace falta ser economista especializado para advertir que el control sobre la política monetaria de los países periféricos, todos endeudados en dólares, en algún momento va a estallar. Y es por eso que debería fijarse como mayor prioridad de supervivencia la plena recuperación de nuestra moneda y nuestras riquezas, nuestros bienes naturales y la conciencia de nación soberana.

Tampoco hace falta ser economista para condenar la imposición de tortuosas decisiones que agobian a nuestro pueblo. El Presidente Fernández no cumplió las promesas electorales y, al contrario, cedió frente a las mafias –comunicacional, judicial, empresarial– y los poderes extranjeros. Y el resultado, tres años después, es que 47 millones de compatriotas están condenados a una deuda impagable y agobiadora que como pueblo no tomamos, ni aceptamos ni fue auditada.

El riesgo de esta hora es enorme, y el posible caos social es urgente preverlo y atenuarlo tomando medidas para preservar los dos valores basales de la Argentina contemporánea: la Democracia y la Paz. Y es que la oposición violenta es lo que más creció en los últimos siete años y el magnicidio intentado hace dos meses fue la prueba. Así, la economía hiperconcentrada ya implica en sí una brutal condena social, cultural y emocional a nuestro pueblo. Y a ello ha contribuido, lo quisiese o no, la absurda política de (in)comunicación del gobierno, que desde hace tres años conlleva la pérdida de soberanía sobre nuestros bienes naturales. Con lo que encima genera condiciones políticas sólo conducentes a una dura derrota electoral.

Las medidas a tomar no son nada del otro mundo y este columnista, si le tocara la improbable misión de presidir esta república, no dudaría en aplicarlas mediante un urgente Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual:

a) se restablezca in totum la Constitución Nacional de 1949, última de toda legitimidad y declarando nulas e inválidas todas las reformas posteriores; b) se declare en comisión a todo el sistema judicial argentino, y la judicatura completa, para, en un lapso de seis a doce meses, reformular la impartición de Justicia en todos los fueros y en todo el país, cubriendo todos los cargos mediante exámenes de antecedentes y oposición; y a la vez se designe una Corte Suprema de Justicia integrada por no menos de 19 miembros, con paridad de géneros y originari@s de casi todas las provincias.

c) se restablezca la Ley de Medios en todos sus artículos y se declare la necesidad y urgencia de repotenciar el sistema de TDA (Television Digital Abierta y gratuita);

d) se proceda a repatriar todo el oro del pueblo argentino depositado en custodia en bancos de Gran Bretaña o donde fuere.

e) en plan de restaurar el valor del peso moneda nacional, y restaurar y unificar valores transaccionales, encargar a economistas nacionales el estudio de la mejor vía hacia la consolidación de una economía que priorice intereses populares, así como de la industria nacional y con tecnologías propias.

f) la inmediata nacionalización de la educación, a fin de que exista un único sistema educativo con programas iguales para toda la república, aunque respetando peculiaridades regionales.

g) se apliquen de inmediato las leyes de defensa ambiental que hoy no se cumplen, empezando por la Ley de Bosques sancionada en 2007;

h) se anulen todas las adquisiones territoriales de ciudadanos, corporaciones o países extranjeros, o de testaferros evidentes. Quedará prohibida toda gran propiedad extranjera en territorio argentino.

i) se dispondrá la inmediata nacionalización de todos los bienes naturales que atesora el territorio nacional, en superficie y subsuelo, en mar y en espacio aéreo, los que son propiedad soberana de la República Argentina.

j) se comunicará a la hermana República Oriental del Uruguay que se romperán relaciones si desde ese país se continúan los abastecimientos a los apropiadores de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur más allá de los siguientes 30 días.

Esto para empezar. Y no se dude que, a partir de ahí, un país mejor sería posible.



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