sábado, febrero 4

Una corpo agradecida | Panorama político



Al cumplirse 45 años del secuestro de las Madres de la Santa Cruz, que fueron torturadas en la ESMA y arrojadas al mar desde aviones, el secuestrador Alfredo Astiz, que había sido acogido como un hijo por ellas, declaró desde la cárcel que no es “un asesino y mucho menos un genocida”. La materia amarga que produce estas paradojas no se agota en el país, como la historia del juez Julián Ercolini en cuyo juzgado cayó la denuncia en contra suya y de otros jueces y funcionarios, por aceptar dádivas del Grupo Clarín, al cual favoreció con sus fallos.

Si la dictadura no hubiera sido obligada a replegarse, la frase de Astiz sería una verdad aceptada, sentido común amasado por las corporaciones mediáticas. Como ahora, cuando muchos argentinos aceptan que el de Ercolini y sus camaradas jueces que han emitido fallos a favor del Grupo Clarín se trató de “un viaje privado”. Todos convocados y pagados por el presidente del Grupo y el sobrino del mandamás.

El viaje en avión privado para alojarse en la mansión más ostentosa del país fue una demostración de poder de la corporación a sus empleados. Una forma de decirles que son agradecidos con sus fallos, como los que le dieron impunidad en la apropiación de Papel Prensa en la dictadura y el que impidió la desmonopolización que exigía la ley de medios, o los que buscan arrinconar a quienes se interponen con sus abusos, como hicieron con Cristina Kirchner.

Sobresale la desmesura en ese viaje. Desmesura en los viajeros, en los convocantes y en sus características. Resulta insultante que lo quieran ocultar como un “viaje privado”. Cuatro jueces federales en un país donde el poder económico y la derecha política judicializan cada medida que les molesta y que en el 99 por ciento de los casos resultan favorecidos.

Jorge Rendo, el presidente del Grupo Clarín, y el sobrino de Héctor Magnetto, secretario general del Grupo, el abogado Pablo Casey, que se encarga de los aspectos legales de la corporación, recibieron en el aeropuerto de Bariloche a los cuatro jueces y a los funcionarios macristas que viajaron en el avión privado.

Dos camionetas de alta gama de la empresa Hidden Lake que administra la propiedad del millonario británico Joe Lewis, llevaron a los viajeros a Lago Escondido. La mansión del millonario que acaparó el lago para su uso privado está allí gracias a que el juez Carlos Mahiques, otro de los viajeros, declaró prescriptas todas las denuncias y las causas por la apropiación del lago y la extranjerización de la tierra.

El juez Pablo Cayssials los salvó de la desmonopolización, Ercolini de Papel Prensa y Mahiques blindó al millonario Lewis. Resulta demasiada casualidad que en los pasillos judiciales afirmen que el cuarto juez en cuestión, Pablo Yadarola, tiene mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene a su cargo la supuesta investigación del intento de asesinato de Cristina Kirchner.

La palabra supuesta es porque en realidad, la jueza no quiso investigar a los responsables políticos ni a quienes financiaron al grupo de asesinos. Capuchetti se restringió a la hipótesis de los “tres loquitos sueltos”, como apuntó Mauricio Macri. La jueza no consideró los datos sobre el financiamiento por parte de empresas de la familia de Luis Caputo, el ex ministro de Finanzas de Macri a grupos relacionados con el atentado. Y hay fotos y testimonios del grupo con dirigentes macristas, en especial Patricia Bullrich y Gerardo Milman.

Con mucha eficiencia, Juntos por el Cambio convirtió la política en pleitos judiciales. No hay debate político. Con defectos y virtudes, el Frente de Todos mantuvo la vieja práctica que se asienta en debates y plataformas, en la difusión de un proyecto de país.

Sobre la base de la colonización del Poder Judicial, Juntos por el Cambio no discute proyectos. Se limita a decir que las propuestas populares implican corrupción. Y sus campañas se sostienen en causas abiertas en la Justicia contra sus adversarios. Para que eso funcione necesitan alinear de su lado a una porción considerable del Poder Judicial, lo cual quedó muy claro al hacerse pública esta reunión en la mansión de Lewis.

La información pública sobre esta reunión alcanza para el juicio político a los jueces. No hay necesidad de recurrir a los mensajes jaqueados del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, otro de los viajeros. En esos mensajes, que se producen cuando el grupo advierte que la reunión tomó estado público, proponen mentir, falsear pruebas, apretar personas e incluso agredirlas. El tono de las comunicaciones tiene la familiaridad y la prepotencia de verdaderos mafiosos.

Sobresale Ercolini, que fue uno de los jueces que secundó al turbio Claudio Bonadio en la persecución judicial contra Cristina Kirchner. La pareja de este personaje era la secretaria de Germán Garavano, el ministro de Justicia macrista. Pero lo que produce verdadero rechazo es que este juez que aparece en este viaje organizado por el multimedios, al que ha favorecido con fallos suyos, condenó por ese delito (recibir dádivas) a otros funcionarios. Es un nivel supremo de hipocresía y abuso de sus funciones.

En Ercolini confluyen tres ámbitos: el de la política, por su relación con los funcionarios macristas; el judicial, por su condición de juez, y el académico, porque es director de la especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la UBA. Esos entrecruzamientos, sumados a su relación con el Grupo Clarín resultan incompatibles. Numerosos profesores de esa facultad han pedido la separación de Ercolini y que sea sometido a un juicio académico.

La corporación judicial permanece en silencio. El Consejo de la Magistratura está paralizado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Todos esperan una definición trapañera y fraudulenta de algún tribunal que, aunque sea en lo formal, deje bien parados a Ercolini y los otros jueces. La reunión secreta con los empresarios de medios y los funcionarios macristas ensucia a todo el Poder Judicial y pone en tela de juicio fallos que cambiaron el rumbo de la historia a favor de monopolios y corporaciones. Esta vez no hay relato. Se levantó el telón y quedaron a la vista de todo el mundo. El silencio de la corporación judicial y la protección académica los hace cómplices.

A pesar de la inacción de la jueza Capuchetti que investiga el atentado contra Cristina, el escándalo judicial impactó de lleno en Juntos por el Cambio, donde tuvieron que soltarle la mano al diputado Gerardo Milman. Nadie lo defiende en Diputados. Era el jefe de campaña de los halcones del PRO y Bullrich lo bajó y también lo bajarían de sus cargos en la Cámara. Los indigna que haya puesto en ridículo la política de mano dura al nombrar una reina de belleza como directora de una escuela de inteligencia policial. No es que no lo supieran, los enloqueció que se haya hecho público. Este personaje reconoció que participaba en las marchas con Revolución Federal, uno de los grupos de ultraderecha vinculados con el ala dura del PRO y con el grupo del atentado.

El diputado estuvo en las marchas de las guillotinas, en la que se arrojaron antorchas contra la Casa Rosada y dos días antes del atentado se lo escuchó decir que “cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa”. En un acto de sumisión, Capuchetti ni lo llamó a declarar, pero en Juntos por el Cambio le bajaron el pulgar. El hombre tiene poco futuro en la política.

El atentado contra Cristina Kirchner y estas dos causas sacaron a la luz la podredumbre que provocó la estrategia de judicializar la política para sacar del centro de atención el proyecto neoliberal de exclusión y pobreza, más concentración y dependencia económica.



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