La Justicia de Rusia rechazó los recursos presentados por la defensa del opositor ruso Alexey Navalny y ratificó la condena a 19 años de prisión por delitos de «extremismo».
La corte de apelaciones decidió «dejar sin cambios el juicio de Navalny en primera instancia», declaró el juez Viktor Rogov, tras una audiencia en la que el opositor compareció por videoconferencia desde la cárcel, informó la agencia de noticias AFP.
Si bien la Justicia cambió algunas expresiones de la sentencia, como que Navalny es un «reincidente particularmente peligroso», las modificaciones no tienen ninguna incidencia a nivel legal, replicó el medio ruso Interfax.
Navalny fue condenado a comienzos de agosto pasado a 19 años de prisión por cargos relacionados con las actividades del llamado Fondo Anticorrupción (FBK), una organización fundada por el opositor y en la que socavaba la seguridad pública llevando a cabo «actividades extremistas», de acuerdo con autoridades rusas.
El abogado de 47 años fue encarcelado en enero de 2021 cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose de un envenenamiento que él y los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad del presidente Vladimir Putin, algo que el Kremlin negó.
Actualmente, se encuentra detenido en una prisión a 250 kilómetros de Moscú.
Desde su arresto se comunica con el mundo exterior a través de mensajes enviados a sus abogados, en los cuales sigue denunciando la política del Kremlin y su ofensiva en Ucrania.
Desde la ofensiva rusa en Ucrania iniciada en febrero de 2022, casi todos los principales opositores rusos fueron encarcelados o forzados al exilio, y miles de ciudadanos comunes también resultaron procesados, en particular por haber denunciado la invasión.
Navalny, que se dio a conocer por sus investigaciones sobre la corrupción y por organizar manifestaciones a gran escala, había vuelto a denunciar en julio la invasión rusa y había hablado de «decenas de miles de muertes» en lo que rotuló de «la guerra más estúpida y sin sentido del siglo XXI».
ONG como Amnistía Internacional denuncian graves irregularidades en el proceso, en el que no se permitió la entrada de periodistas a la sala, quienes tuvieron que ver el juicio a la distancia.
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