abril 25, 2024

Presentan una base de datos sobre la búsqueda de verdad y justicia en el exterior | Lanzamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación



Catorce países llevaron o llevan adelante juicios vinculados a los crímenes de la última dictadura –en la mayoría de los casos, tramitan pedidos de extradición de represores que se fugaron para no rendir cuentas ante los tribunales argentinos. En total, son 47 los acusados y en siete de esos procesos el Estado argentino interviene activamente como querellante o brindando información. Las cifras surgen de una base de datos que difundió la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, que da cuenta de que la búsqueda de verdad y justicia no reconoce fronteras.

Los juicios en el exterior fueron parte de la estrategia del movimiento de derechos humanos cuando en el país regían las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían el juzgamiento de los represores de la última dictadura. A partir de la reapertura de los procesos tras el fallo «Julio Simón» que la Corte firmó en 2005, muchos de los perpetradores escaparon para no tener que sentarse en el banquillo de los acusados. 

En total son 41 juicios los que están contemplados en la base, de los cuales 33 son de extradición, siete procesos penales y uno de tipo civil. El juicio civil es en el que resultó condenado el año pasado el marino retirado Roberto Guillermo Bravo, uno de los fusiladores de la Masacre de Trelew. Un grupo de familiares decidió entablar una demanda civil después de que un juez estadounidense rechazara inicialmente extraditar a Bravo para ser juzgado en el país por la matanza de 16 presos y presas políticos, ocurrida el 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew. La negativa de los Estados Unidos de mandar a Bravo para que pueda ser enjuiciado se reiteró días atrás.

El caso de la extradición de Bravo –con resolución negativa, por el momento– o el del excapellán Franco Reverberi Boschi, a quien la Corte Suprema de Casación de Italia decidió enviar a la Argentina el viernes pasado, muestra que la búsqueda de verdad y justicia más allá de las fronteras se mantiene activa –y ha sido una de las principales preocupaciones de la gestión actual de la Secretaría de Derechos Humanos.

El organismo que lidera Pietragalla Corti interviene en siete causas en el exterior, entre las que se encuentran los casos del exmilitar Carlos Luis Malatto en Italia y de Luis Esteban Kyburg en Alemania. Malatto es acusado del asesinato de al menos ocho personas cuando era miembro de la plana mayor del RIM 22 en la provincia de San Juan, mientras que Kyburg es señalado de secuestrar, torturar y asesinar al menos a quince personas, cuando ejercía como segundo comandante de la unidad de Buzos Tácticos de la base naval de Mar del Plata.

Además, en Italia, hay un proceso contra el represor uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, acusado por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras sudamericanas.  En Roma también tramita un pedido del juez federal Daniel Rafecas para extraditar a Daniel Oscar Cherutti, un exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que actuó en Automotores Orletti, el centro clandestino de detención que funcionó en 1976 en el barrio porteño de Floresta.

Para realizar la base de datos, que representa «un capítulo clave en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia», se utilizó «investigación propia» del organismo y contiene «juicios con sentencia o en trámite realizados en el extranjero», los cuales la mayoría «son de extradición», señaló la Secretaría de Derechos Humanos.

Según el organismo, esta iniciativa será «una nueva herramienta» en el registro de los juicios realizados en el exterior, los cuales durante la década de 1990 permitieron «revitalizar el reclamo de familiares de víctimas y organismos de derechos humanos».

Con la publicación de este listado concluye «la tercera etapa de un trabajo comenzado en septiembre de 2020», cuando la Secretaría comenzó a «sistematizar información para construir una primera base de datos unificada sobre los juicios de lesa humanidad», que tuvo su primera versión digital web en 2021 con los juicios en debate en el país.



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