El Tribunal Supremo británico declaró este miércoles que es ilegal el plan oficial que buscaba expulsar a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen de forma irregular, en un duro golpe para el primer ministro conservador, Rishi Sunak, que respondió que trabaja en un nuevo tratado con el país africano.
Tras casi dos años de batallas legales, la máxima corte falló por unanimidad que la política de deportaciones masivas al país africano es ilegal debido a los riesgos que corren los solicitantes de asilo que eventualmente sean enviados allí.
El presidente del tribunal, Robert Reed, subrayó en su lectura de sentencia, televisada este miércoles en directo, que un país solo puede ser considerado «seguro» si «no somete a los refugiados a devolverlos de regreso a su nación de origen».
Los jueces argumentaron que existe un «riesgo real» de que las personas enviadas a Ruanda enfrenten la posibilidad de ser devueltas a sus países de origen, donde podrían ser víctimas de persecución y otros abusos inhumanos.
El plan oficial, anunciado hace un año y medio durante el gobierno del también conservador Boris Johnson, determinaba que una vez en Ruanda, los inmigrantes pueden solicitar asilo allí, regresar a su país o buscar asilo en un tercer país, pero no en el Reino Unido.
La decisión, que ratifica un fallo de una instancia judicial de apelaciones, representa un revés para el Gobierno de Sunak, que había promovido la deportación a Ruanda como parte de sus esfuerzos para reducir la inmigración, que se proyecta como un tema clave en las elecciones generales previstas para el año próximo
En 2022, un primer vuelo que iba a salir hacia el país africano fue cancelado a último momento tras una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Después, el Tribunal de Apelación de Londres dictaminó que el proyecto es «ilegal» y concluyó que Ruanda no puede considerarse un «tercer país seguro».
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que participó en el proceso, subrayó en sus conclusiones que «expresó sistemáticamente serias preocupaciones», subrayando que Ruanda carece de un «sistema de asilo accesible, fiable, justo y eficaz».
Mientras continúa la batalla legal, el gobierno británico siguió endureciendo su discurso sobre la inmigración. En julio, Londres votó una ley que prohíbe solicitar asilo a los inmigrantes que lleguen de forma irregular, independientemente de los motivos que los empujaron a huir.
«Hemos visto la sentencia de hoy y ahora consideraremos los próximos pasos. Este no era el resultado que queríamos, pero hemos pasado los últimos meses planificando todas las eventualidades y seguimos completamente comprometidos a detener las embarcaciones», dijo Sunak en una primera reacción al fallo del Tribunal Superior.
Para el líder conservador, la inmigración irregular «destruye vidas» y «cuesta a los contribuyentes británicos millones de libras al año».
«Necesitamos ponerle fin y haremos lo que sea necesario para lograrlo. Porque cuando la gente sepa que si vienen aquí ilegalmente no podrán quedarse, dejarán de venir y detendremos los cruces» desde Francia por el Canal de la Mancha, expresó.
En conversación telefónica, Sunak y el presidente ruandés, Paul Kagame, «reiteraron su compromiso para hacer que esta asociación en materia de inmigración funcione y acordaron tomar las medidas necesarias para garantizar que esta política sea sólida y legal», según Downing Street.
En ese sentido, tas conocer la decisión, Sunak indicó que su gobierno prepara un «nuevo tratado» con Ruanda.
«Si resulta evidente que nuestros marcos jurídicos nacionales o nuestros convenios internacionales siguen obstaculizándonos, estoy dispuesto a modificar nuestras leyes y reexaminar estas relaciones internacionales», añadió, cuando algunos disputados de su partido exigen dejar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero mientras tanto, la organización benéfica ActionAid UK celebró el fallo de este miércoles y dijo que es una reivindicación de «los valores británicos de compasión y dignidad».
Mientras que Amnistía Internacional instó al Gobierno británico a «poner fin a un vergonzoso capítulo de la historia política del Reino Unido».
Sacha Deshmukh, director ejecutivo de esa ONG calificó el acuerdo con Ruanda, un país con antecedentes de violaciones a los derechos humanos, como «tremendamente mal concebido y cruel».
Subrayó la necesidad de abandonar la política de no procesar solicitudes de asilo y la Ley de Migración Ilegal, describiéndola como «deprimente» y culpable de causar caos en el sistema de asilo.
Deshmukh enfatizó que la única respuesta adecuada a la sentencia es abordar de manera «justa y eficiente» las solicitudes de asilo.
El cruce de inmigrantes por el Canal de la Mancha sigue siendo un tema preponderante en la agenda política: más de 27.000 embarcaciones precarias hicieron el trayecto desde principios de año, frente a 45.000 en 2022, lo que constituyó un récord
Según datos oficiales, el Reino Unido destinó más de 140 millones de libras (unos 175 millones de dólares) a Ruanda en el acuerdo de deportación, que no contemplaba el país de origen del solicitante de asilo.
Para noviembre de 2022, Reino Unido albergaba a 231.597 refugiados y tenía 127.421 solicitudes de asilo pendientes, además de 5.483 personas apátridas.
La mayoría de los solicitantes de asilo provienen de Albania, Irán, Afganistán, Irak y Siria y dependen del apoyo estatal, ya que no tienen permitido trabajar.
En abril de 2023, como forma de reducir los costos, el Reino Unido presentó una controvertida medida para albergar a solicitantes de asilo que cruzaban el Canal de la Marcha.
Una barcaza, denominada «Bibby Stockholm», se situó frente a la costa de Portland, Dorset, al sur de Inglaterra con capacidad para albergar hasta 500 personas.
Sin embargo, no fue sino hasta agosto que recibió a sus primeros 39 ocupantes, debido a demoras vinculadas con cuestiones de seguridad contra incendios.
Pero el 11 de agosto, una emergencia sanitaria llevó a la evacuación total de sus ocupantes, debido a la presencia de una bacteria que produce una variante grave de neumonía.
More Stories
Se reanudaron en Egipto las negociaciones para un alto el fuego entre Israel y Hamas
los conservadores mantienen el control del parlamento
En Suiza votan sobre un aumento de la edad de retiro y un aguinaldo para jubilados