La Corte Suprema de Israel falló esta semana contra dos normas que son partes clave de la controvertida reforma judicial impulsada por el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y, mientras la narrativa oficial sostiene que los fallos atentan contra la «unidad» en tiempos de guerra en Gaza, especialistas que dialogaron con Télam resaltaron que la actuación del tribunal fija «un nuevo equilibrio de poder».
El primer día del año, el máximo tribunal eliminó una disposición que privaba al Poder Judicial de la facultad de decidir sobre la «razonabilidad» de las decisiones de Gobierno y dos días después pospuso la aplicación de la Ley de Incapacidad.
Las dos leyes revisadas por la Corte junto a otras regulaciones (algunas ya aprobadas en la Knesset, Parlamento) conformaron la llamada reforma judicial que propuso Netanyahu en enero del año pasado, a pocos días de haber asumido su sexto mandato, y que desató un movimiento de protestas masivas en su contra.
Razonabilidad
En el primer caso, ocho jueces contra siete votaron el lunes a favor de restablecer la atribución del tribunal de evaluar las acciones de Gobierno a partir del criterio de «razonabilidad».
Según este parámetro, si la mayoría de los miembros del máximo tribunal consideran una medida del Ejecutivo o el Legislativo como de «extrema irracionalidad», la corte puede anularla u ordenarles que se ajusten a la razón.
Esta doctrina, que también se aplica en otros países, rige en Israel, donde, en lugar de una Constitución, existen poco más de una decena de «leyes básicas» o «fundamentales» que tienen rango semiconstitucional.
Por eso, y porque esas normas pueden ser aprobadas por las mismas mayorías que cualquier otra legislación del Parlamento, existe un consenso sobre la necesidad de que exista una revisión por parte de los tribunales.
El criterio de razonabilidad era parte de una de las leyes básicas, la referida al Poder Judicial, y había sido eliminado cuando el Parlamento aprobó en julio su modificación.
La importancia de la sentencia sobre la cuestión de la razonabilidad va más allá de la mera invalidación de la ley; radica en la afirmación de 12 jueces de que el tribunal posee autoridad para anular la legislación fundamental promulgada por la Knesset. Esta decisión establece un nuevo equilibrio de poder entre los poderes del Estado».Menachem Hofnung
Ahora, con la decisión que la corte tomó el lunes, es la primera vez que el tribunal anula parte de una de las leyes básicas del Estado hebreo.
Además, y más importante aún, según los expertos, para reafirmar esa potestad, la corte también decidió, de forma más amplia, por 12 votos contra tres, que tiene competencia para revocar esas «leyes básicas» en «casos extremos».
«La importancia de la sentencia sobre la cuestión de la razonabilidad va más allá de la mera invalidación de la ley; radica en la afirmación de 12 jueces de que el tribunal posee autoridad para anular la legislación fundamental promulgada por la Knesset. Esta decisión establece un nuevo equilibrio de poder entre los poderes del Estado», dijo a Télam el profesor de Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén Menachem Hofnung.
Con esta decisión, «si el Poder Ejecutivo pretende socavar pilares democráticos como la libre comunicación, la independencia judicial o los derechos de las minorías, podría encontrar resistencia», consideró el expresidente de la Asociación de Derecho y Sociedad de Israel (2007-2010).
El Movimiento por un Gobierno de Calidad (MQG, por sus siglas en inglés) en Israel, uno de los principales demandantes contra la derogación de las dos normas tratadas por la corte, destacó las decisiones del máximo tribunal.
«A un gobierno y a unos ministros que pretendían eximirse del estado de derecho se les ha dicho que hay jueces en Jerusalén. Que hay democracia. Que hay separación de poderes», expresaron en un mensaje compartido a esta agencia.
La organización sin fines de lucro, que también participó de las masivas protestas que se desencadenaron con la reforma desde enero pasado, valoró las decisiones de la corte como una «tremenda victoria pública para quienes buscan la democracia».
«La fuerte campaña pública y la feroz oposición a estas peligrosas leyes mediante manifestaciones, protestas y peticiones a la Corte Suprema demuestran el tremendo poder público que tenemos en nuestras manos. Hemos mirado a la corrupción directamente a los ojos y ha bajado la mirada», presidente de MQG, Eliad Shraga
«La fuerte campaña pública y la feroz oposición a estas peligrosas leyes mediante manifestaciones, protestas y peticiones a la Corte Suprema demuestran el tremendo poder público que tenemos en nuestras manos. Hemos mirado a la corrupción directamente a los ojos y ha bajado la mirada», aseguró el presidente de MQG, Eliad Shraga.
Ley de incapacidad
En cuanto al segundo caso, los jueces de la corte decidieron el miércoles, seis votos contra cinco (en esta votación participaron 11 de los 15 magistrados), suspender temporalmente una enmienda -a la Ley Fundamental referente al Gobierno- llamada Ley de Incapacidad.
La norma, aprobada en marzo, establece que un primer ministro solo puede ser considerado no apto para gobernar por razones médicas o de salud mental.
Según la decisión que tomó esta semana el máximo tribunal, ese criterio solo se aplicará a partir de la próxima legislatura, ya que, de aplicarse ahora, habría permitido a Netanyahu eludir la normativa sobre conflicto de intereses que le prohíben participar en la revisión del sistema judicial debido a que está siendo juzgado por cargos penales.
«Todo el proceso legislativo se hizo (…) con el objetivo y propósito declarados de beneficiar a una determinada persona: el actual primer ministro», escribió en la sentencia el presidente en funciones de la corte, Uzi Vogelman.
Para la organización MQG, la sentencia «contiene un mensaje importante: las leyes básicas no son un trozo de arcilla en manos del primer ministro, que puede cambiar por otras nuevas según sus necesidades políticas y jurídicas, con la mayoría que posee actualmente» en el parlamento.
El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York Joseph H. H. Weiler dijo a Télam en marzo que si bien «el sistema judicial israelí dista mucho de ser perfecto, como casi cualquier sistema jurídico», de aprobarse las normas de la reforma judicial «perjudicarían e incluso anularían preciados derechos fundamentales de las personas y las minorías».
Al ser consultado sobre si estimaba que la reforma oficialista buscaba la impunidad de Netanyahu en sus causas por corrupción, respondió: «Claro que sí» y agregó que el gobierno, que «incluye partidos y altos cargos ministeriales que son abiertamente y atrozmente racistas y supremacistas (…) se beneficiarán de un sistema judicial debilitado».
El académico estadounidense de origen judío dijo entonces que varias de las propuestas que integran la reforma pueden estar en otros sistemas que son «democracias respetables», pero advirtió que «ninguno tendrá el paquete completo propuesto por el actual Gobierno (…) Esto produce el efecto Frankenstein: se toma una pierna de un país, una mano de otro, un pie de otro más, y se acaba con un monstruo ‘democrático'».
Las manifestaciones y presentaciones judiciales, que generaron frenos y modificaciones a los textos originales de la reforma, se extendieron hasta que el movimiento islamista palestino Hamas atacó el sur de Israel el 7 de octubre. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva en el territorio palestino de la Franja de Gaza y la atención sobre la reforma judicial menguó.
En este contexto, la coalición de Gobierno de Netanyahu -la más de ultraderecha y nacional religiosa de la historia de Israel- lanzó un Gobierno de coalición con partidos hasta entonces opositores y rechaza toda crítica como una afrenta a la unidad del país hebreo.
Para Hofnung, no hay indicios de que este «nuevo equilibrio de poder» que se abrió paso con las decisiones de la corte pueda ser modificado en el corto plazo.
«Teniendo en cuenta el actual sentimiento de la opinión pública y el acuerdo de coalición posterior a la guerra de Gaza con el partido Unidad Nacional (dirigido por Benny Gantz), que le otorga a este la autoridad para vetar la promulgación de nuevas leyes básicas, parece poco probable que se reaviven en un futuro próximo los intentos de alterar fundamentalmente la dinámica de poder entre las autoridades», estimó Hofnung.
«La atención se centra en la coyuntura actual. Lo que ocurra en el futuro depende de los resultados de las próximas elecciones», agregó.
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