mayo 23, 2024

500 piquetes para reclamar alimentos en todo el país | La única respuesta del Gobierno fueron gases, palos y balas de goma



Fue el reclamo de alimentos más masivo desde que asumió Javier Milei -que los está habiendo todas las semanas- y el Gobierno respondió con represión: gases, palos y balas de goma contra los manifestantes, con un ensañamiento especial contra los movileros y fotógrafos que registraban los hechos. Convocados por organizaciones sociales del peronismo, la izquiera e independientes, hubo 500 cortes y movilizaciones en todo el país durante este lunes. El principal tuvo como escenario Avellaneda, donde la concentración fue muy numerosa y ocupó 500 metros sobre la avenida Mitre, desde la plaza Alsina hasta una cuadra antes del Puente Pueyrredón. Cuando los manifestantes quisieron avanzar para cortarlo, empezaron los gases. La protesta no llegó a interrumpir el acceso a la Ciudad de Buenos Aires, pero se reagrupó y permaneció en sus inmediaciones durante tres horas. También se sostuvieron los piquetes en Puente Saavedra, Liniers, La Matanza y la Autopista Buenos Aires-La Plata.

La jornada de piquetes desafió el protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich. Después de tres meses de realizar, sin ninguna respuesta, manifestaciones en la vereda -con sus variantes, como la fila en el Ministerio de Capital Humano, las ollas populares frente a la residencia de Olivos, o en la plazoleta del Obelisco-, las organizaciones sociales decidieron tensar la cuerda. Está subiendo la temperatura del conflicto callejero.   

Decirlo es fácil. Entender qué significa no es tan obvio: hay que recorrer las columnas, preguntar a los manifestantes para medir qué viene ocurriendo. Porque el show para los medios y redes (la espectacularidad del despliegue policial, las imágenes de los forcejeos, el gas pimienta cruzando el aire) es una cosa, pero el pulso de los que tienen que juntarse y aguantar lo que venga es otra.

Con miedo 

Los movimientos sociales llegaron a esta jornada unidos: los
peronistas, agrupados en la UTEP y organizaciones kirchneristas, los de la izquierda (como el
Polo Obrero) y el sector independiente (como la Coordinadora de
Organizaciones en Lucha) están saliendo juntos a la calle, cosa que no se veía desde fines de los ‘90.

Paola, del MTE, llegó a la marcha con un grupo de Villa Domínico. “Costó venir, movilizar, porque las compañeras tienen miedo. El miedo es sobre todo a que les saquen el Potenciar Trabajo por marchar”, contó. Para la movida de este lunes, sintieron que no les quedaba otra que salir, porque en los merenderos les faltan alimentos; como se sabe, la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cortó los envíos a las organizaciones. Debido al ajuste brutal en los ingresos de los sectores populares, muchos más vecinos se acercan a los comedores para pedir una vianda, pero es poco lo que hay para repartir. Un comentario repetido, por ejemplo, fue que sólo hacen una comida al día.

Las bajas en Potenciar resultan imprevisibles y funcionan como una estrategia de disuasión incluso más efectiva que la policial, porque opera por debajo y de manera invisible. Cuanto más arbitrarias son, más disciplinadoras se vuelven. “De golpe, a las compañeras les aparecen incompatibilidades que no existen, o les dan de baja porque cobran un Suaf” (una asignación familiar por embargo cuando el padre de sus hijos no pasa alimentos), contó la entrevistada.

Apuntó también: “Nosotros no estábamos acostumbrados a marchar. En los últimos años salíamos en apoyo a un proyecto de ley, por ejemplo, pero ahora hay que salir a pelear, y no es lo mismo”. Es sobre ese panorama cuesta arriba que las protestas de las organizaciones sociales, unificadas contra las políticas del gobierno Milei, vienen creciendo en articulación y haciéndose más numerosas y arriesgadas.    

Para la guerra  

En cuanto la cabecera de la columna llegó al primer cordón policial hubo choques, palos y gases. El operativo de seguridad desplegó a la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, que hicieron varios cordones sobre la Avenida Mitre para impedir el corte del puente. En una de las esquinas también se instaló a la división canes, con sus perros. La polícia motorizada hizo rugir sus motos y los camiones hidrantes se ubicaron detrás de la primera línea: es decir, fue el tipo de operativo con efectivos armados como para una guerra.

Cuando la Prefectura tiró sobre los que intentaron pechar para llegar al puente (en ese avance también volaron piedras), hubo disparos con postas de goma contra la multitud

A Atilio Vera, de la Corriente Eva Perón, uno de esos disparos le dio en la cabeza y terminó en el hospital. “Me tiraron desde muy cerca, habrá sido de cuatro metros, y el perdigón se me incrustó”, contó a Página/12 desde la sala donde fue atendido.

Hacia atrás de donde estaba él -recordemos los 500 metros de manifestantes sobre la Avenida Mitre-, la represión provocó corridas y avalanchas. Y es que la mayoría de quienes hoy integran los movimientos sociales no tienen en su experiencia este tipo de represiones, tan típicas del 2001. Por ejemplo, no han incorporado que no hay que correr, sino alejarse caminando. Muchas mujeres habían llevado a sus chicos al reclamo, y cuando escucharon los estampidos de la represión los sacaron como pudieron.

Al rato de la primera tanda de gases, parte de la gente se reagrupó. La cabecera de la marcha cambió de composición y pasó a tener más adultos, más varones, ningún niño. Un porcentaje de los que habían corrido volvieron y se quedaron en calles perpendiculares a Mitre para bancar la protesta desde lugares que les resultaban más seguros.

Contra la prensa

Camarógrafos, movileros y fotógrafos fueron  gaseados y en algunos casos golpeados. El gas que están utilizando las fuerzas de seguridad en las represiones produce quemaduras en la piel. Carlos Ferrara, cronista de IP y Canal 9, debió ser auxiliado para poder salir del lugar, con la cara y el torso ardiendo. Al equipo móvil de A24 la Prefectura lo arrinconó contra un kiosco de revistas, donde los rociaron con gas y los patearon. Concretamente, varios afectados relataron que, aprovechando el tumulto, los efectivos les tiraban gas a la cara: el objetivo evidente es que no filmen la represión, como ya se vio en las protestas frente al Congreso de este verano. 

Otro de los gaseados fue Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, que estaba identificado con un chaleco de la CPM (que dice en letras mayúsculas «Derechos Humanos») y monitoreaba el operativo junto a otros integrantes de ese organismo. García contó que la Prefectura le apuntó directo a los ojos, para imposibilitar su trabajo. 

El acto

Entre los manifestantes había trabajadores de las cooperativas que hacían urbanización de los barrios populares y obras para Aysa, otra de las políticas recortadas por el gobierno de Milei. Cara, de una cooperativa de Almirante Brown, contó que Aysa les debe tres meses de salarios. Su cooperativa no se desarmó todavía, pero tampoco está activa. Sus integrantes buscan changas o cirujean para sobrevivir. «Nos quitaron el financiamiento incluso siendo del sector que dejó de cobrar planes para, como dice el Gobierno, ‘tener un trabajo'», apunta Cara. Hace ya 14 años que ella hace obras de agua potable y, como el resto de la cooperativa, se capacitó: es instaladora de redes de agua y cloacas. Pero para la nueva administración, son gente que no trabaja. 

La protesta tuvo su acto, sobre el acoplado de un camión. Los dirigentes informaron que las dos personas detenidas en un corte de Puente Saavedra habían recuperado la libertad, aunque aún aguardaban la liberación de otra en Santiago del Estero.  

Desde el palco, Eduardo Belliboni aseguró que Milei y Pettovello «mienten cuando dicen que están monitoreando los comedores y que el que se inscribe tiene comida. Eso es totalmente falso, son unos mentirosos y unos chorros», acusó. El titular del Polo Obrero añadió que el Presidente «ni siquiera se ocupa de averiguar si lo que dice es verdad: ha dicho que nos dan fondos para comprar alimentos premiun y que nosotros compramos alimentos de tercera, cuando a los alimentos los compra el Estado, no nosotros. Son cinco millones de kilos, pero hace tres meses que los comedores no reciben ni un paquete de arroz».  

El secretario general de la UTEP, Alejandro «Peluca» Gramajo, cerró la jornada. «Nos preocupa fuertemente cómo el Gobierno tiene la determinación de armar estos operativos mientras los narcotraficantes se ríen, se burlan e intentan reclutar a nuestros pibes para vender falopa en los barrios. Están acá, reprimiendo, en vez de estar atendiendo los problemas que tienen que atender». «¿Qué exigimos? Alimentos para los comedores, políticas sociolaborales para paliar la crisis económica». 

La próxima medida del plan de lucha en reclamo de alimentos para los comedores será definida en la semana. Los movimientos sociales anticiparon, mientras tanto, que se sumarán a la marcha del 24 de marzo.



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