febrero 21, 2024

Marcelo D’Alessio se negó a declarar en el juicio por espionaje y causas armadas | Está acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a espiar y a extorsionar durante el macrismo



Marcelo Sebastián D’Alessio ya no se parece al ejecutivo que era presentado en los canales de noticias como un experto en narcotráfico. Al juicio que se le sigue por haber liderado una asociación ilícita que se dedicaba a espiar y a armar causas durante el macrismo, llega siempre esposado, escoltado por agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y cargando una bolsa de tela. En ella lleva un cuaderno universitario y una birome. Se sienta junto a su defensora oficial y trata de no mirar hacia atrás. La sala del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py está prácticamente vacía –si no fuera por los agentes de seguridad o algún familiar de otro imputado que escucha detrás del vidrio. A diferencia del D’Alessio verborrágico que se sentaba frente a las cámaras de televisión, éste le dice al Tribunal Oral Federal (TOF) 8, que lo juzga, que no va a declarar.

La audiencia comenzó a las 9.40. D’Alessio llegó cuando los integrantes del TOF 8 –Sabrina Namer, Gabriela López Iníguez y Nicolás Toselli– ya estaban en sus lugares. Entró vistiendo un sweater gris, que se terminó quitando un par de horas después, cuando el calor ya empezaba a sentirse en el subsuelo de los tribunales de Retiro.

D’Alessio fue el último de los imputados a quien la presidenta del TOF 8, Sabrina Namer, le preguntó si iba a declarar en indagatoria. Antes le pidió sus datos personales. D’Alessio, molesto por no ser él quien llevaba la batuta del interrogatorio, empezó a contestar a borbotones.

–Espere, espere, que soy lenta–lo frenó la jueza.

– Nací en Capital Federal el 20 de julio de 1970. Me encuentro casado hace más de 20 años. Tengo dos hijos. Uno mayor de edad, de 19 años, y una de 17.

–¿Estudios?– le preguntó Namer.

–Secundario completo aquí– se atajó D’Alessio, que antes había escuchado que otro de los imputados contó que él se presentaba como abogado y economista –algo que ya quedó claro que no era–. Rápidamente salió del trance: dijo los nombres de sus padres y agregó sus profesiones.

La fiscalía le pidió a la jueza que le preguntara a D’Alessio si tenía estudios afuera del país y cuáles eran.

–No voy a responder– dijo cortante.

En la sala se escuchó algún murmullo. D’Alessio está preso desde febrero de 2019. El juez federal Alejo Ramos Padilla lo detuvo después de que se presentó el empresario Pedro Etchebest en el juzgado de Dolores a denunciar que había intentado extorsionarlo conjuntamente con el fiscal Carlos Stornelli para no ser involucrado en la causa de los cuadernos.

Al allanarlo, Ramos Padilla encontró informes que hacía D’Alessio con logos de la embajada de los Estados Unidos o de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). También tenía material que podría ligarlo con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Por eso, la pregunta acerca de si tenía formación en el exterior era relevante porque el juez Ramos Padilla había dicho que, pese a que no surgía pertenencia orgánica a la AFI, D’Alessio era un espía.

En el juicio, D’Alessio está con dos exintegrantes de la exSIDE: Rolando Hugo Barreiro y Ricardo Bogoliuk. “Rolo” Barreiro es el compinche de D’Alessio. Estuvo en la Secretaría de Inteligencia (SI) entre 2002 y 2016. En ese momento, renunció y asumió como gerente de seguridad del country Saint Thomas de Canning, donde vivía D’Alessio. Ahora, Barreiro –alejado del espionaje– se define como amo de casa y dice que está desocupado. Al igual que D’Alessio no quiso declarar.

Bogoliuk, en cambio, declaró por Zoom, aunque no quiso contestar preguntas. Antes, su abogado, Ángel Oscar Moyano, había advertido la presencia de la prensa –léase de Página/12– y la había objetado sin éxito ante el tribunal. Durante 2017, Bogoliuk estuvo a cargo de la base Ezeiza del Proyecto AMBA, una iniciativa que la AFI de Gustavo Arribas implementó para controlar el territorio bonaerense. En la instrucción surgió que Bogoliuk era el eslabón que unía a D’Alessio con la exSIDE macrista.

Bogoliuk tiene un recorrido más que extenso por las agencias de seguridad e inteligencia del país. Oriundo de Moreno, hizo carrera en la Bonaerense en la zona oeste del conurbano y en La Plata. Dicen que fue en Morón que conoció a Alberto Nisman, quien lo llevó en 2007 a trabajar con él en la Procuración General de la Nación con la causa del atentado a la AMIA. Antes, tuvo un paso por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), aunque sin tener un rol preeminente.

En la versión de Bogoliuk, durante la gestión de Cambiemos, lo convocaron a una serie de reuniones y él finalmente aceptó sumarse al Proyecto AMBA para investigar cuestiones relativas al narcotráfico. Según el policía retirado, él llevó adelante cinco investigaciones en esa materia durante los seis meses que habría estado en la AFI. Lo que declaró contrasta con lo que sostuvo Ramos Padilla a lo largo de la investigación: que el Proyecto AMBA fue diseñado para hacer espionaje político, que estuvo centrado en espiar a sindicatos –como los docentes– o comedores populares, seguir la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y registrar, por ejemplo, las manifestaciones por la desaparición de Santiago Maldonado.

Durante su declaración, Bogoliuk buscó mostrarse ajeno al funcionamiento de la AFI y decir que no tenía influencia dentro del organismo de inteligencia. “No podría haber recomendado a nadie”, insistió, tratando de descartar la versión de que D’Alessio hacía operaciones con la intención de que le dieran un cargo alto dentro de la exSIDE.

El otro imputado que aceptó declarar fue el prefecto Franco Pini, señalado como quien husmeó en los registros de Migraciones del juez supremo Carlos Rosenkrantz, su exsocio Gabriel Bouzat y la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario. Pini insistió que él no había accedido a las bases de datos para brindarle información a la banda de D’Alessio y afirmó que su usuario era usado por otros integrantes de la Prefectura. 

La fiscalía –que conduce Marcelo Colombo— le preguntó a Pini si había averiguado quién podría haber usado su clave para acceder a esa información. «No tuve resultados», replicó el prefecto de 43 años –que reconoció tener formación en inteligencia militar.

El próximo martes comenzarán las declaraciones testimoniales. El primero en exponer será el abogado José Manuel Ubeira, a quien D’Alessio quiso hacerle una cámara oculta a pedido de Stornelli.



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