diciembre 4, 2023

Qué cambiará con la llegada del 5G | Temas de debate. El gobierno subasta el martes las frecuencias para el despliegue de esta tecnología



Producción: Natalí Risso

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Necesidades fiscales

Por Enrique Carrier (*)

Estamos a pocas horas de que tenga lugar la subasta del espectro para 5G, una tecnología que lleva años generando grandes expectativas. Sin embargo, es bueno entender cuáles son las posibilidades de ésta para hacer un llamado a la realidad, así como ser conscientes de las condiciones en que llega a Argentina.

La tecnología 5G tiene tres grandes características que la diferencian de las generaciones precedentes. Por un lado, una mucho mayor velocidad. Por el otro, una menor latencia (tiempo que transcurre desde que se envía una señal hasta que se recibe en el otro extremo), lo que habilita usos que no aceptan demoras, como la operación remota de maquinaria. Finalmente, una mayor capacidad de conexión simultánea (o densidad) de dispositivos a una misma antena, lo que permite no sólo que en lugares de gran concentración (como, por ejemplo, un estadio con miles de personas) todos los dispositivos puedan conectarse simultáneamente sin problemas. Esto también es fundamental para conectar los miles de objetos (sensores, interruptores, cámaras, automóviles, máquinas industriales, etc.) que son cada vez más habituales.

Como se puede intuir, a diferencia de las generaciones que la precedieron, la 5G no impactará significativamente en el uso al que estamos acostumbrados en los teléfonos móviles. Los mayores beneficios de esta tecnología estarán no en la conexión de smartphones sino en la de objetos de todo tipo. Pero mientras que para conectar smartphones sólo hace falta que la red esté disponible y que los equipos sean compatibles, conectar objetos requiere de otras condiciones. Incluye disponer de dispositivos específicos (no ya un smartphone), contar con el software necesario para su administración, integrarlos con los sistemas ya existentes y, en muchos casos, llevar adelante una reingeniería de los procesos para adaptarlos a las nuevas posibilidades. Por lo tanto, su adopción no es inmediata. Disponer de la red es apenas el primer paso de un proceso que llevará tiempo, trabajo y dinero.

Todo esto implica que, aunque la asignación del espectro para 5G tenga lugar esta semana, los beneficios profundos de esta tecnología demorarán en llegar. De hecho, en la mayoría de los mercados donde ya hay redes 5G funcionando, todavía mayormente el uso se concentra en la conexión de smartphones, donde no se observan diferencias inmediatas significativas. En otras palabras, no hay apuro en avanzar con 5G. Sobre todo, considerando que Argentina todavía tiene por delante la tarea de desplegar mucha más fibra óptica, clave para la interconexión de las antenas de 5G, y la de completar la cobertura de 4G a lo largo y ancho del país.

No obstante, las necesidades fiscales del gobierno lo llevaron a buscar fondos urgentemente, sin tener en cuenta otros factores que hacen a un desarrollo saludable y eficaz de la infraestructura de telecomunicaciones del país. Una infraestructura conformada por las redes de más de 1.000 operadores, considerando a los tres que dan servicios móviles más todas las PYME y cooperativas que operan a lo largo y ancho del país brindando conectividad. En este sentido, la regulación contempla la asignación de espectro no sólo a nivel nacional sino también regional y local, lo que permitiría la participación de otros operadores de menor envergadura. Esto es particularmente importante considerando la capacidad de 5G de ofrecer servicios al hogar, permitiendo dar conectividad fija inalámbrica de alta capacidad (similar a la fibra óptica), sobre todo en áreas menos densamente pobladas, como las suburbanas y rurales. Sin embargo, esto no fue tenido en cuenta a la hora de diseñar la licitación.

Por otra parte, durante todo el 2023 el gobierno estuvo negociando el precio del espectro y finalmente decidió establecer un piso de 1.050 millones de dólares, resultante de tres bloques de 350 millones de dólares cada uno. Un precio alto, tanto en comparación con los fijados en otros países de la región, así como teniendo en cuenta el escenario macroeconómico complejo en el que el proceso tiene lugar. En este punto, la comparación con la subasta de espectro para 5G realizada en Brasil es inevitable. Allí, del total del monto pagado, apenas el 10 por ciento fue al fisco, mientras que el 90 por ciento restante fue destinado a obligaciones de despliegue (como conectar escuelas, edificios públicos, etc.). Una alternativa hubiera sido destinar esos ingresos al Fondo del Servicio Universal utilizado para subsidiar despliegues en zonas no rentables para operadores privados. Sería una forma de que el dinero recaudado sirviera para financiar el cierre de la brecha digital.

El actual gobierno se despide con una licitación apresurada y enfocada en el dinero a recaudar y no en crear las condiciones para un desarrollo amplio de una infraestructura que es clave el mundo actual y por venir. Dejará un recuerdo gris.

(*) Analista de mercado de telecomunicaciones y nuevos medios. Director de la consultora Carrier y Asociados.

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Tres tercios sin ballotage

Por Daniela Monje (**)

El Gobierno nacional concretará el próximo martes en el Centro Cultural Kirchner la subasta de bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación de los servicios de quinta generación conocidos como 5G. La recaudación prevista es de 1.050 millones de dólares. Las compañías interesadas en participar del proceso licitatorio son las actuales prestatarias del servicio, es decir Telefónica de Argentina/Movistar, Claro y Telecom/Personal, y llegan a esta instancia luego de un litigio judicial impulsado por la Cámara de Infraestructura Digital (IDA) -que logro aplazar la convocatoria cerca de un mes- y de resistencias en común respecto de la propuesta urgente del gobierno de avanzar en el proceso. Las tres han presentado garantías de ofertas y han sido precalificadas como oferentes.

La pregunta obvia sobre la urgencia y necesidad de realizar esta subasta del espectro 5G en Argentina, cuando existe aún un amplio territorio en el que estos mismos operadores sólo ofrecen servicios 2G tiene una respuesta elemental y se refiere, tanto a la posibilidad recaudatoria, como a la oportunidad de fijar las reglas de juego por parte del Gobierno nacional.

De todos modos, nos permite preguntarnos acerca de los procesos de introducción de innovaciones en el país, del papel que quiere jugar en este partido el Estado nacional y también dar una vuelta por algunos indicadores sobre conectividad en Argentina y América Latina.

En primer lugar, vale indicar que la penetración de 5G en América Latina es del 1 por ciento con relación al desarrollo mundial y por tanto representa una relación asimétrica con actores como Estados Unidos o China. Los especialistas en la materia coinciden en señalar que el 5G tiene más relevancia a nivel internacional en el business-to-business (B2B) que en los consumos de usuarios de telecomunicaciones. Es decir, el tipo de uso diferencial que aportaría en este momento no resulta significativo para los ciudadanos, en tanto las prestaciones que habilita son semejantes a las del 4G, salvo en cuestiones muy específicas como ofrecer simultaneidad de conexiones en grandes aglomeraciones de personas. La gran innovación relativa al potencial del 5G aún se encuentra en fases prototípicas y para el caso argentino bastante alejada de diseños vernáculos como vehículos de conducción autónoma, usos en industrias y en general en lo que denominamos Internet de la Cosas (IoT).

Por otra parte, en el plano de las políticas públicas puede resultar de interés indagar los proyectos que el Gobierno nacional ha definido al realizar una reserva de espectro de 5G administrada por Arsat. En ese sentido pueden desplegarse usos y proyectos muy diversos en función de las prioridades del país, incluso espacios para la experimentación y la exportación de diseños y desarrollos propios en el marco de los procesos de economía del conocimiento, pero esto, por cierto, dependerá del proyecto de país y de desarrollo que tengamos a partir del 10 de diciembre.

En este punto es importante recordar que el espectro radioeléctrico es considerado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones un patrimonio común de la humanidad, esto lo coloca en el sitio de los bienes públicos globales y por tanto demanda en término de políticas estatales un uso y administración responsable por parte de los Estados. En definitiva, el hecho de que se realice una subasta pública no deslinda las responsabilidades que tendrán para el desarrollo nacional los actores que resulten beneficiarios de la licitación. Y en esto es posible sostener, lo que regula el decreto 690/20, es decir, las telecomunicaciones como servicio público. Lo cual nos lleva al último tema referido a conectividad.

En Argentina, los niveles de conectividad han crecido ostensiblemente y pese a las grandes dificultades que transitamos en la pandemia, se observa en términos de externalidades positivas un incremento significativo de conexiones por banda ancha. Sin embargo, existen vastas zonas suburbanas y rurales donde aún el 4G no se ha desarrollado. Entre las opciones disponibles vinculadas al despliegue del 5G se encuentra la posibilidad de conectividad mediante acceso fijo inalámbrico (FWA), pero también se abren alternativas como las de conectividad satelital actualmente disponibles en el territorio, y que nuevamente, pueden resolverse a partir de una decisión política.

Podemos pensar a las telecomunicaciones como un bien público y en términos de derechos humanos es posible imaginar que la innovación pueda llegar sin urgencias y bien enfocada a mejorar la vida de los ciudadanos y a fortalecer las capacidades de desarrollo soberano del país.

(**) Investigadora y docente. UNC y UNVM.



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