mayo 23, 2024

Complicidad empresarial con el terror: la represión a los obreros de Acindar | El lunes empieza en Rosario el juicio por delitos de lesa humanidad



Un año antes del golpe de Estado de 1976, la represión llegó a Villa Constitución, donde tenía sede Acindar –el gigante siderúrgico cuyo directorio presidía José Martínez de Hoz, que después sería el ministro de Economía de Jorge Rafael Videla– y donde el sindicalismo combativo venía creciendo desde 1973. Las víctimas superaron el centenar. Durante décadas, la impunidad de la empresa pareció de acero. Sin embargo, este lunes comenzará el juicio en Rosario por los crímenes de lesa humanidad en los que estuvieron involucradas tanto las fuerzas como la propia compañía. En el banquillo se sentarán dos exdirectivos de Acindar– Roberto José Pellegrini y Ricardo Torralvo.

En marzo de 2020, cuando se cumplían los 45 años de la represión en Villa Constitución, el juez Marcelo Bailaque procesó a Pellegrini, que era el jefe de la División Personal de Acindar. Torralvo era otro de los directivos de Acindar. Algunos testimonios lo ubican como jefe de Contaduría y otros lo mencionan como integrante del área de Personal. 

Torralvo estuvo cerca de quedar fuera del juicio porque la Cámara Federal de Rosario lo había beneficiado con una falta de mérito. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no validó el criterio del tribunal de apelaciones de Rosario y dijo que había mirado las pruebas de manera descontextualizada en línea con lo que sostuvieron las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) en conjunto con el Ministerio Público Fiscal.

Como parte de la represión en Villa Constitución, 21 personas fueron asesinadas, 9 desaparecidas y 66 fueron secuestradas, según informó la SDHN. La represión en Villa Constitución se denunció muy tempranamente. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) recogió información en el lugar, pero la investigación de un caso emblemático de la responsabilidad empresarial sufrió un sinfín de demoras. Como correlato de esa dilación, otros dos civiles quedaron fuera del juicio como Pedro Aznarez y Juan Thibaud.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Santa Fe informó que tres imputados habían fallecido –Eduardo Mugica Cordoba, Raúl Héctor Cerliani y Carlos Luis Albareda. Bernardino Sambrana, un retirado de la Policía Federal Argentina (PFA), fue declarado inhábil para afrontar el proceso. Los jueces Germán Sutter Schneider, Otmar Paulucci y Ricardo Moisés Vásquez examinarán, de esta forma, la responsabilidad de 23 imputados por lo que sucedió con 67 víctimas.

En la represión de Villa Constitución intervinieron el Ejército, la policía y hasta una guardia rural conocida como Los Pumas. Durante la investigación, se reconstruyó que la mayoría de las víctimas de la represión de marzo de 1975 eran empleadas de las empresas Acindar o Marathon – ya sea en forma directa o tercerizada. Muchas víctimas tenían una actividad sindical intensa y alrededor de 17 trabajadores fueron secuestrados dentro de la propia planta.

Acindar realizó una serie de acciones para facilitar las tareas de las fuerzas represivas: confeccionó un listado de personas a detener, cedió espacios de la planta para montar un centro clandestino, alojó a integrantes de las fuerzas militares y de seguridad y abonó sobresueldos a los uniformados que también cumplieron funciones allí.

“En el año 1975, la empresa Acindar brindó sus instalaciones a fines de realizar un experimento a escala de disciplinamiento social –específicamente el de sus trabajadores, a través de la represión del movimiento sindical”, escribió en su requerimiento de elevación a juicio el fiscal Adolfo Villatte.

“Acindar se convirtió en uno de los casos paradigmáticos de represión a los trabajadores antes de la dictadura. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Ejército se hizo cargo del sindicato intervenido, se incrementaron los despidos y más de cien obreros, delegados y activistas fueron encarcelados”, completó el CELS, que actúa como querellante en la causa.



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