«El peso no puede valer ni excremento», había dicho Javier Milei todavía en campaña, cuando llamó a evitar ahorrar en plazos fijos en moneda nacional. «Jamás en pesos, jamás en pesos», insistió en entrevistas. Ramiro Marra afirmó: «El que ahorra en pesos es un boludo». Después de estas y otras frases del estilo que llamaban a comprar dólares y desconfiar de la moneda local, se desató una corrida que llevó al dólar blue a 1010 pesos. Hubo denuncias penales contra el ahora presidente electo y el futuro jefe de asesores por generar temor u otros posibles delitos. También contra el diputado electo de la Libertad Avanza y director de comunicación digital, Agustín Romo. Pero menos de dos meses el juez federal Julián Ercolini decidió archivar las denuncias penales que se habían acumulado y, en base a un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, sostuvo que todo lo dicho estaba dentro del ejercicio de la libertad de expresión, o sea, que no hubo delito.
Sin salida
Así las cosas, Ercolini archivó la causa que se había abierto con una denuncia inicial de la abogada Valeria Carreras y otra que siguió del presidente Alberto Fernández, representado por el abogado José Manuel Ubeira. Como no hay querella y el fiscal dijo que no hay nada que investigar, el caso quedará cerrado. Carreras había planteado una posible «incitación a la violencia económica» o algún delito financiero. La abogada había relacionado las expresiones de Milei con la disparada del valor del dólar paralelo en menos de veinticuatro horas.
La denuncia de Carreras citaba a varios economistas que advertían que el líder de La Libertad Avanza buscaba generar caos económico y que todos sus dichos impactan en la economía. La presentación de Ubeira, repasaba las expresiones de Milei, de Marra y Romo y pedía que se los investigara por «intimidación pública». El primero había dicho también el día del coloquio de IDEA, al que no asistió, que «cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil”. Marra insistía: «Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo»; «hoy más que nunca ahorrá en dólares». Y Romo posteó en redes sociales: “Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenés que comprar dólares. Tenés que hacer todo lo contrario. Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada», posteó.
El archivo
El fiscal Taiano, sostuvo, según repasa la resolución del juzgado, que «los hechos denunciados no configuraban
delito alguno, sino que resultaban ser meras expresiones en el marco de una
entrevista, reportajes y la participación en un acto político, con expresiones
relativas a su pensamiento político, carente de amenazas y del dolo requerido para configurar los tipos penales indicados o algún otro, ello en el
marco de la libertad de expresión y que eran consecuentes con las ideas
políticas que fueron difundiendo a lo largo del tiempo que se desarrollaron
las elecciones, para dejar al descubierto sus ideas y sus propuestas». Es decir, además de decir que los planteos de los dirigentes de LLA sobre el peso y el dólar forman parte de sus libres propuestas, dijo que no veía intencionalidad de generar consecuencias económicas o financieras. Por lo tanto, sostuvo que el trámite era «abstracto» y les dio la razón a los denunciados.
Milei había presentado como abogado, igual que en otras causas, a Francisco Oneto, quien fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula que encabezaba Carolina Píparo. También es conocido por sus intervenciones provocadoras en televisión, en especial para defender a acusados de abuso sexual. Su estrategia suele centrarse en que las víctimas mienten o en que se aplica el «derecho penal de autor», cuando se trata de personajes conocidos como Juan Darthés (en el caso iniciado por Thelma Fardin) o el ex del ex futbolista Jonathan Fabbro (donde dijo que su ahijada de 11 años víctima de abuso, por lo que fue condenado, mentía), entre otros ejemplos. Pero un dato menos conocido es que en la casa de uno de los detenidos por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kircher, Gabriel Carrizo, había un papelito con los datos de Oneto, a quien tenía como posible abogado. Carrizo era dueño del negocio de los copos de azúcar y quien dijo en un chat «recién intentamos matar a Cristina» minutos después del atentado. Finalmente quedó como su abogado Gastón Marano, un ex asesor de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Ercolini tomó los argumentos de Taiano, y les dio la razón a las defensas de los libertarios: «La conclusión a la que arribó (el fiscal Taiano) deriva de una razonada valoración de
los elementos obrantes (…) considero que no se desprenden de los hechos denunciados elementos que
permitan inferir la comisión de ilícito alguno; sino que por el contrario, los
dichos en cuestión aparecen como meras expresiones efectuadas
públicamente dentro de los parámetros del derecho de libertad de expresión
en un contexto político determinado.
Así, al no restar otras medidas pendientes de producción que
permitan continuar la investigación, es que habré de homologar el archivo
por inexistencia de delito solicitado». Las medidas de prueba habían consistido en pedir los audios y textos de las declaraciones en medios, redes y discursos de los imputados.
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