junio 21, 2024

El secretario de Derechos Humanos adelantó qué ocurrirá con la ex ESMA | Tras la polémica que desató Villarruel antes del balotaje



El secretario de Derechos Humanos del gobierno de Javier Milei, Alberto Baños, echó por tierra las ilusiones negacionistas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había expresado días antes del balotaje su intención de que las 17 hectáreas de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) sean “disfrutadas por todo el pueblo argentino”, y confirmó que el predio y sus actividades seguirán funcionando como hasta ahora.

“La UNESCO lo declaró patrimonio de la humanidad para la memoria de lo que fue la detención, tortura y muerte de adversarios políticos y además rige una medida judicial de no innovar sobre el predio completo de la justicia federal; por lo tanto, no se puede tocar”, aseguró Baños en declaraciones radiales.

En tal sentido, señaló que la Secretaría no tiene intenciones de modificar las actividades que se desarrollan en la actualidad en el lugar. “Lo que funciona allí y las diversas actividades que se realizan no pueden ser modificadas”, dijo en diálogo con Radio Mitre sobre el predio, donde está establecido el Museo Sitio de Memoria ESMA y donde varios organismos de derechos humanos tienen asignados edificios, recordó. 

Algo que sí se modificará respecto a la gestión anterior, aclaró Baños, es que si bien la Secretaría de Derechos Humanos tiene sede en la ex ESMA, él tendrá un despacho asignado en el Ministerio de Justicia para representar “un cambio de paradigma” en las funciones que llevará a cabo su cartera.

Esto se debe, argumentó el funcionario, a que la Secretaría no solo va a intervenir en casos de lesa humanidad, sino que también intentará reivindicar los derechos esenciales de las personas, como la alimentación, la vivienda y la educación. “Vamos a hacer foco en las víctimas de delitos, cualesquiera que sean”, indicó.

Por otra parte, Baños confirmó que la Secretaría va a continuar participando en los juicios por delitos cometidos durante la dictadura militar por los compromisos internacionales y las leyes que sancionó la Argentina y que ampliará el apoyo a las víctimas de otros delitos con contención psicológica y física. Esto no implica, sin embargo, que participará como querellante en todos los procesos. 

La propuesta de Villarruel

La polémica sobre posibles cambios en la ex ESMA, un campo de concentración por el que se estima que pasaron 5000 hombres y mujeres durante los años del terrorismo de Estado, comenzó días antes del balotaje, cuando Villarruel planteó que “podría ser disfrutado por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento había sido destinado para crear escuelas, que es lo que más necesitamos”.

“Creo que hay que pensar en tener una visión amplia de los derechos humanos que nos incluya a todos y que nos permita –con el paso del tiempo y con mucho respeto– cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad”, añadió entonces Villarruel, que proviene de la familia militar y tiene una larga trayectoria en organizaciones que ven con buenos ojos lo hecho por la dictadura.

Esa propuesta generó el rechazo de varios grupos y referentes de derechos humanos, entre ellos Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien denunció que Villarruel busca no dejar rastros de lo sucedido, tanto de los crímenes perpetrados como de las resistencias que surgieron en estos años. “La historia no se va a borrar porque para eso estamos los organismos y el pueblo argentino”, afirmó la referente del movimiento de derechos humanos.

Villarruel tiene una vieja obsesión con la ex ESMA. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en su afán provocador, pidió para el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que ella preside una oficina en el predio de la Avenida del Libertador. En enero de 2016, con Mauricio Macri en el poder, logró poner un pie en el espacio: fue recibida por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, en lo que la misma Villarruel promocionó como un “cambio de paradigma” en materia de derechos humanos.



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