El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el gobierno otorgará en enero un bono de 55.000 pesos para las y los jubilados que cobran el haber mínimo. De este modo, ninguna jubilación será inferior los 160.000 pesos. También aseguró que habrá uno en febrero, aunque advirtió que «aún no está definido el monto». En tanto el Gobierno espera que la aprobación de la ley ómnibus suspenda la actualización que rige en la actualidad, y no se defina una nueva, los aumentos estarán regidos por la inflación.
Era una gran incógnita si el Poder Ejecutivo, tras el cambio de gobierno, continuaría con el pago del bono que utilizó la anterior gestión para compensar la pérdida que implicaban los resultados de la fórmula jubilatoria. De otra forma, los jubilados de la mínima cobrarían solo los 105.713 pesos que resultan de la fórmula automática trimestral y sufrirían un recorte de sus haberes.
En su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, Adorni ratificó lo adelantado el jueves por fuentes oficiales, y señaló que la confirmación va «en linea con la obsolescencia de la vieja formula de movilidad jubilatoria. Entendiendo que iba a ser sumamente perjudicial para los jubilados, en tanto y en cuanto no esté vigente una nueva Ley de Movilidad, los jubilados serán compensados de manera mensual para que dejen de perder contra la inflación«.
Fuentes oficiales reconocieron la complejidad de definir un nuevo sistema de ajuste, y señalaron que, en el mientras tanto, evalúan alternativas para que no se acentúe el deterioro de los ingresos de la clase pasiva. Una posibilidad podría ser ajustar estos haberes en función de la inflación pasada y en forma mensual.
Vieja fórmula jubilatoria
La ley de movilidad que rige desde 2021 otorga cuatro aumentos por año que se determinan según un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) —el mayor de ambos— y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de la Anses. El cálculo actual se realiza sobre el trimestre anterior.
Como el aumento de los precios no está contemplado en la fórmula, el Estado tiene la posibilidad de compensar con bonos fijos cuando es necesario. Desde su creación en 2021, el gobierno utilizó el bono de suma fija para los casi 6,1 millones de jubilados y jubiladas que cobran la mínima como mecanismo de refuerzo para compensar las pérdidas en las que puede derivar la fórmula. Cabe destacar que los bonos no se integran al haber y, por lo tanto, no se utilizan como base de cálculo para aplicar la actualización prevista por la fórmula de movilidad. Es decir que no tienen efecto en los aumentos posteriores.
El bono que había determinado la gestión de Fernanda Raverta para diciembre, enero y febrero era de 50.000 pesos. Sin el bono, las jubilaciones mínimas serían de 105.713 pesos, monto que no llegaba a cubrir la Canasta Básica Total para que una persona no sea considerada pobre por el Indec para octubre, es decir sin contar el pico inflacionario de los meses que siguieron.
El coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Luis Campos aseguró que en los últimos años el haber mínimo jubilatorio cayó en términos reales un 44,3 por ciento (sin contar los bonos), en gran medida porque la fórmula de actualización corre de atrás a la inflación.
La Ley de Movilidad Jubilatoria está amparada en la Constitución Nacional que establece en su artículo 14 bis “jubilaciones y pensiones móviles”, es decir que los haberes no pueden congelarse. Esta ley puede modificarse a partir de otra ley, pero no por decreto: “Esa norma solo puede ser modificada o derogada por una norma de igual o mayor jerarquía de fecha posterior, aclaremos que un decreto es igual que una ley mientras el Congreso esté en receso, pero luego debe ser ratificado por la comisión bicameral”, advirtió a PáginaI12 abogado especialista en temas previsionales Facundo Fernández Pastor.
Suspensión ómnibus
Tal como venía adelantando la actual gestión, la ley ómnibus enviada al Congreso esta semana contempla la suspensión sin plazo de la fórmula de movilidad de los haberes por jubilaciones y pensiones, de la que también dependen la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, entre otras. También suspende la vigencia para prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y permanencia.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, consigna.
No es la primera vez que un gobierno entrante suspende la fórmula vigente. Lo hizo Alberto Fernández al asumir: suspendió la fórmula que se había implementado en 2017 con la reforma previsional del macrismo, que contemplaba aumentos de haberes jubilatorios en función de la inflación y de los salarios. Solo en 2017 las jubilaciones superaron la inflación anual. En 2018 se produjo un gran desfasaje, ya que los precios avanzaron 47,6 y los ingresos jubilatorios tan solo 28,5 por ciento. En 2019, los haberes crecieron 51,1 y los precios un 53,8 por ciento. El resultado: las jubilaciones quedaron 20 puntos por debajo del aumento de precios entre 2016 y 2019.
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